Alejandro Armenta Mier ha aceptado ir a un segundo debate con Eduardo Rivera Pérez.
Desde Chiautla de Tapia, a donde asistió para realizar un mitin de campaña, el candidato a gobernador de la coalición Sigamos Haciendo Historia dijo que sí al reto que el mismo lunes le puso el aspirante de la alianza opositora, Mejor Rumbo para Puebla, desde la Universidad Iberoamericana.
Ese día, menos de 24 horas después del encuentro celebrado el domingo en el Complejo Cultural Universitario de la BUAP, Rivera Pérez lanzó un reto a su contrincante de Morena y la 4T: que aceptara participar en un segundo y hasta en un tercer debate con él, para terminar de contrastar propuestas de cara a los electores poblanos.
Ayer le respondió el morenista desde un municipio de la región mixteca, a pregunta expresa de un reportero de la zona, pero le puso una sola condición.
“Con mucho gusto, dile que ponga el día y la hora (para debatir)”, dijo en una primera instancia, para completar, a su vez, con una petición para el panista: “pero también que vaya Fernando (Morales)”.
¿Habrá entonces un segundo debate entre candidatos a la gubernatura?
Por la vía del Instituto Electoral del Estado parece poco probable, debido a que los consejeros del organismo han informado que la fecha límite para hacer solicitudes de nuevos debates fue el 4 de mayo.
Organizado por la autoridad electoral habría que descartarlo.
No obstante, seguramente consciente de esa limitación, Armenta no se dirigió a los integrantes del Instituto Electoral para pedirles que sean ellos quienes convoquen, sino directamente a su rival de la oposición.
Los candidatos pueden ir a todos los debates que quieran incluso sin la presencia del organismo electoral, en caso de que se niegue a participar en un hipotético segundo ejercicio de esta naturaleza.
Habrá que ver qué responde Eduardo Rivera, pero es fácil concluir que aceptará la condición de incluir al emecista Fernando Morales Martínez, aunque vaya en condición de aliado de Armenta y la 4T, con tal de tener una nueva oportunidad para mostrarse en confrontación directa con su oponente.
Luego tendrán que buscar, entre todos, a los responsables de la organización.
Ahí es donde el asunto se atascará, dada la complejidad de que exista consenso entre los tres involucrados.
Lo importante es que Armenta ya dio el “sí”.
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¿Quién atenderá entonces la problemática general del agua en el estado de Puebla, no solo en la zona metropolitana, después de que concluyan las campañas electorales y arranquen los nuevos gobiernos?
Esa es una pregunta que debe persistir en los meses siguientes y que debe convertirse en exigencia por parte de la sociedad civil, para impedir que el tema, hoy puesto en el debate público por candidatos a puestos de elección popular de todos los colores y partidos, haya sido solo una herramienta de propaganda para manipular incautos.
Como se ha visto en todo el periodo de campañas, la concesión del agua y la problemática general que existe en torno a este problema ha sido bandera de candidatos y partidos, principalmente del bando oficialista, de Morena y la 4T, para prometer que, si la gente vota por ellos, una vez que lleguen al poder resolverán todo de un tirón.
¿De verdad?
Pues eso han dicho, igual que en las elecciones de 2018, la extraordinaria de 2019 y luego las intermedias de 2021.
De los ciudadanos depende que no se quede en nueva promesa incumplida.
El millonario negocio de las pipas de agua, evidenciado ayer en una investigación de El Sol de Puebla, ha sacado a la luz otro conflicto alrededor del servicio: la incapacidad de Agua de Puebla y de las autoridades en general para llevar agua potable a todos los rincones de la zona metropolitana propicia la explotación irregular de pozos y la venta clandestina del líquido.
Ese es otro problema que tendría que resolverse una vez que las próximas autoridades hagan su trabajo.
No se trata nada más de retirar una concesión para que todos queden políticamente contentos, sino de mejorar el abasto y al mejor precio posible para los usuarios.
¿Será eso posible?
