El fallo que realizaron las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el sentido de invalidar la primera parte del denominado “plan B”, es un gran avance en el respeto de la democracia de los mexicanos, y se cumple el mandato de la ciudadanía.
En la sesión celebrada en la SCJN, nueve ministros se manifestaron a favor del proyecto que propone invalidar las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, derivado de la violación al procedimiento legislativo.
En el proyecto existe violación en los artículos constitucionales 71 y 72, porque el Decreto se aprobó sin observar las reglas del procedimiento legislativo en el H. Congreso de la Unión. En dicha iniciativa, se intentaban reformar, adicionar y derogar disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, que cabe destacar, no fueron las mismas que se presentaron para aprobación en la sesión del 6 de diciembre del 2022.
La bancada de Morena no le importo que la iniciativa pasara por un procedimiento legislativo ordinario, recurrieron al trámite de “urgencia u obvia resolución”; sin embargo, ni en el momento de su presentación, ni de la lectura de la exposición de motivos, se advierten las razones para actualizar el artículo 82, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, ni las condiciones que, en relación con éste, ha establecido la Suprema Corte en jurisprudencia; y, 213.
Con lo anterior aplaudo la resolución de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de no permitir la violación a nuestra Carta Magna, en donde se fundamenta el dicho “al margen de la Ley, nada, y por encima de la Ley, nadie.
Las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI), continuaremos siempre apegados a derecho, y en lo personal, reitero mi compromiso como legislador, de trabajar en defensa de las garantías de la sociedad mexicana.
