/ miércoles 7 de febrero de 2024

La desigual batalla contra el cáncer

El pasado 4 de enero conmemoramos el Día Mundial del Combate contra el Cáncer, una enfermedad que, desafortunadamente, es la segunda causa más frecuente de morbilidad y mortalidad en América Latina, tan sólo después de las enfermedades cardiovasculares. En este sentido, se estima que 4.2 millones de personas fueron diagnosticadas en 2022 y 1.4 millones murieron por cáncer, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La situación en nuestro país no es diferente, en promedio cada año se detectan 195 mil nuevos casos de cáncer, de los cuales, alrededor de 30 mil corresponden a cáncer de mama, 27 mil de próstata, seguidos de cáncer de colon, linfomas, tiroides, cervicouterino y pulmón; con lo cual esta enfermedad se ubica como la tercera causa de defunción, según datos de la Secretaría de Salud y la Ley General de Cáncer de México del 2023.

Aunado a ello, las proyecciones no son alentadoras. Organismos de salud internacionales vaticinan un aumento del 60% en la carga de cáncer en las próximas dos décadas, lo que se proyectará en 30 millones de nuevos casos para el 2040.

Si bien estos números son muy alarmantes lo es más saber que el cáncer no solo representa una carga de salud significativa para el país, sino también un catalizador importante de las desigualdades de vida de las personas.

Una observación fundamental es la disparidad en la incidencia y mortalidad por cáncer entre diferentes grupos socioeconómicos. Las comunidades marginadas a menudo enfrentan un mayor riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer debido a factores como la falta de acceso a servicios de atención médica preventiva, entornos contaminados y estilos de vida desfavorables. Además, las limitaciones económicas pueden obstaculizar el acceso a tratamientos eficaces, lo que amplifica las disparidades en las tasas de supervivencia.

Y es que la disponibilidad y accesibilidad a los servicios de detección temprana y tratamientos innovadores son esenciales para combatir el cáncer de manera efectiva. Sin embargo, las comunidades con recursos limitados a menudo enfrentan barreras en términos de educación sobre la salud, acceso a instalaciones médicas y capacidad financiera para recibir tratamientos avanzados. Esto crea una brecha significativa entre aquellos que pueden beneficiarse de los avances médicos y quienes quedan rezagados debido a las desigualdades estructurales.

Los factores socioeconómicos, como la educación y el estatus económico, influyen en la prevalencia del cáncer y en la respuesta de la sociedad ante la enfermedad. Las personas de bajos recursos pueden tener menos acceso a información sobre la prevención y detección del cáncer, lo que contribuye a diagnósticos tardíos. Además, el estigma asociado al cáncer en algunas comunidades puede desencadenar el ocultamiento de la enfermedad, obstaculizando aún más la prevención y el tratamiento oportuno.

Los determinantes sociales de la salud, que incluyen factores como la vivienda, la educación, el empleo y la raza, desempeñan un papel crucial en la configuración de las desigualdades en la salud relacionadas con el cáncer. La intersección de estos determinantes crea patrones complejos que impactan de manera desproporcionada a ciertos grupos poblacionales, aumentando la carga de enfermedades oncológicas.

En este sentido es que la propia Organización Mundial de la Salud y la OPS, presentaron el Código Latinoamericano y Caribeño contra el Cáncer, en el cual se incluyen 17 acciones concretas para prevenir el cáncer, basadas en evidencia científica y adaptadas al contexto regional.

El documento destaca que, en nuestra región, la pobreza, la falta de vivienda y las dificultades en el acceso a la salud son barreras adicionales para una implementación exitosa. Asimismo, enfatizan que un tercio de los casos de cáncer podrían prevenirse evitando factores de riesgo como el tabaco, el abuso de alcohol, la dieta poco saludable y la inactividad física.

Otras medidas que recomiendan son amamantar para reducir el riesgo de cáncer de mama; evitar la acumulación de humo en el hogar; protegerse de infecciones como la hepatitis B y C, los papilomavirus humanos (VPH) y la bacteria Helicobacter pylori, atribuibles a diferentes tipos de cáncer; y solo apelar al uso de reemplazo hormonal para la menopausia cuando haya indicación médica.

Es por ello que abordar las desigualdades en salud relacionadas con el cáncer requiere un enfoque integral que vaya más allá de la atención médica directa. Es esencial implementar estrategias que aborden los determinantes sociales de la salud, promoviendo la equidad en el acceso a la información, la detección temprana y los tratamientos adecuados.

Al hacerlo, podemos trabajar hacia un futuro en el que la carga del cáncer no agrave las disparidades en la salud, sino que se aborde de manera justa y efectiva en todas las comunidades.

El pasado 4 de enero conmemoramos el Día Mundial del Combate contra el Cáncer, una enfermedad que, desafortunadamente, es la segunda causa más frecuente de morbilidad y mortalidad en América Latina, tan sólo después de las enfermedades cardiovasculares. En este sentido, se estima que 4.2 millones de personas fueron diagnosticadas en 2022 y 1.4 millones murieron por cáncer, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La situación en nuestro país no es diferente, en promedio cada año se detectan 195 mil nuevos casos de cáncer, de los cuales, alrededor de 30 mil corresponden a cáncer de mama, 27 mil de próstata, seguidos de cáncer de colon, linfomas, tiroides, cervicouterino y pulmón; con lo cual esta enfermedad se ubica como la tercera causa de defunción, según datos de la Secretaría de Salud y la Ley General de Cáncer de México del 2023.

Aunado a ello, las proyecciones no son alentadoras. Organismos de salud internacionales vaticinan un aumento del 60% en la carga de cáncer en las próximas dos décadas, lo que se proyectará en 30 millones de nuevos casos para el 2040.

Si bien estos números son muy alarmantes lo es más saber que el cáncer no solo representa una carga de salud significativa para el país, sino también un catalizador importante de las desigualdades de vida de las personas.

Una observación fundamental es la disparidad en la incidencia y mortalidad por cáncer entre diferentes grupos socioeconómicos. Las comunidades marginadas a menudo enfrentan un mayor riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer debido a factores como la falta de acceso a servicios de atención médica preventiva, entornos contaminados y estilos de vida desfavorables. Además, las limitaciones económicas pueden obstaculizar el acceso a tratamientos eficaces, lo que amplifica las disparidades en las tasas de supervivencia.

Y es que la disponibilidad y accesibilidad a los servicios de detección temprana y tratamientos innovadores son esenciales para combatir el cáncer de manera efectiva. Sin embargo, las comunidades con recursos limitados a menudo enfrentan barreras en términos de educación sobre la salud, acceso a instalaciones médicas y capacidad financiera para recibir tratamientos avanzados. Esto crea una brecha significativa entre aquellos que pueden beneficiarse de los avances médicos y quienes quedan rezagados debido a las desigualdades estructurales.

Los factores socioeconómicos, como la educación y el estatus económico, influyen en la prevalencia del cáncer y en la respuesta de la sociedad ante la enfermedad. Las personas de bajos recursos pueden tener menos acceso a información sobre la prevención y detección del cáncer, lo que contribuye a diagnósticos tardíos. Además, el estigma asociado al cáncer en algunas comunidades puede desencadenar el ocultamiento de la enfermedad, obstaculizando aún más la prevención y el tratamiento oportuno.

Los determinantes sociales de la salud, que incluyen factores como la vivienda, la educación, el empleo y la raza, desempeñan un papel crucial en la configuración de las desigualdades en la salud relacionadas con el cáncer. La intersección de estos determinantes crea patrones complejos que impactan de manera desproporcionada a ciertos grupos poblacionales, aumentando la carga de enfermedades oncológicas.

En este sentido es que la propia Organización Mundial de la Salud y la OPS, presentaron el Código Latinoamericano y Caribeño contra el Cáncer, en el cual se incluyen 17 acciones concretas para prevenir el cáncer, basadas en evidencia científica y adaptadas al contexto regional.

El documento destaca que, en nuestra región, la pobreza, la falta de vivienda y las dificultades en el acceso a la salud son barreras adicionales para una implementación exitosa. Asimismo, enfatizan que un tercio de los casos de cáncer podrían prevenirse evitando factores de riesgo como el tabaco, el abuso de alcohol, la dieta poco saludable y la inactividad física.

Otras medidas que recomiendan son amamantar para reducir el riesgo de cáncer de mama; evitar la acumulación de humo en el hogar; protegerse de infecciones como la hepatitis B y C, los papilomavirus humanos (VPH) y la bacteria Helicobacter pylori, atribuibles a diferentes tipos de cáncer; y solo apelar al uso de reemplazo hormonal para la menopausia cuando haya indicación médica.

Es por ello que abordar las desigualdades en salud relacionadas con el cáncer requiere un enfoque integral que vaya más allá de la atención médica directa. Es esencial implementar estrategias que aborden los determinantes sociales de la salud, promoviendo la equidad en el acceso a la información, la detección temprana y los tratamientos adecuados.

Al hacerlo, podemos trabajar hacia un futuro en el que la carga del cáncer no agrave las disparidades en la salud, sino que se aborde de manera justa y efectiva en todas las comunidades.