Francisco José Romero Serrano va a cumplir un año al frente de la Auditoría Superior del Estado y no ha podido resolver un problema que, más tarde que temprano, repercutirá de manera negativa en el desempeño de sus funciones como servidor público y en las encomiendas que le encargue su jefe… el Poder Legislativo.
El auditor, que rindió protesta el 27 de noviembre pasado, suma 11 meses sin ser recibido en la Ciudad de México por David Colmenares Páramo, ni más ni menos que el titular de la Auditoría Superior de la Federación.
Romero Serrano no es del agrado del auditor federal, pero el delgado hilo de comunicación que existía entre los equipos de ambos funcionarios se rompió cuando el poblano canceló de última hora una reunión que sostendrían en enero del año en curso, apenas mes y medio después de que asumiera el cargo asignado por el Congreso.
Una vez empoderado en la oficina principal del inmueble que se ubica sobre la calle 5 sur, casi esquina con 13 Poniente, el auditor local buscó una cita con Colmenares para dar inicio a una relación de acercamiento y ponerse a sus órdenes, en un gesto de obligada cortesía política, lo cual consiguió para enero.
No obstante, llegado el día de la esperada reunión, que por evidentes cuestiones de jerarquía se daría en la capital del país, en la sede de la Auditoría Superior de la Federación, Romero Serrano pidió a su gente que se comunicara a la oficina de Colmenares para cancelarla, con el argumento de que ese mismo día había sido citado por el gobernador Miguel Barbosa Huerta a un encuentro privado, el cual no podía rechazar.
El hecho, pero sobre todo el motivo, una convocatoria del titular del Poder Ejecutivo que legalmente no es jefe del auditor, sino uno más de los entes fiscalizables por parte del mismo, molestó al servidor público federal, que a partir de entonces eligió cualquier clase de pretextos para negarse a recibir en su oficina a Romero Serrano y, por tanto, a cruzar palabra con él.
Hielo y una desconfianza insalvable es lo que le ha obsequiado todo este tiempo el auditor federal a su homólogo de Puebla, situación que debe prender las luces de alarma entre los interesados en conducir las labores de fiscalización de los recursos públicos en Puebla, tanto en el inmueble que alberga a los diputados locales como en algunos otros que se localizan en la periferia del centro de la ciudad.
Al margen de la cancelación de enero, sin embargo, las diferencias entre los dos auditores vienen de más atrás, desde el proceso de selección de quien se convirtió en relevo de Alberto Segovia Blumenkron.
El sábado 23 de noviembre, cuatro días antes de la unción de Romero, David Colmenares y el gobernador Barbosa sostuvieron una conversación telefónica para intercambiar impresiones acerca del nombramiento que se avecinaba.
En aquella llamada, el auditor dejó muy clara su opinión sobre Romero.
Comentó que no estaba de acuerdo en que la auditoría local basara su trabajo de fiscalización en despachos externos y no en auditores propios, que esa característica hacía vulnerable la labor del organismo estatal y resaltó que Romero Serrano era parte de esa maquinaria (como propietario de un despacho externo) que debía desaparecer en Puebla y que ya muy poco se practicaba en otras entidades del país.
Lo vetó, pues, y de una forma sutil recomendó a Juan Carlos Díaz Carranza, el candidato al que se acusó de ser oriundo de Oaxaca, pero que tiene residencia en Puebla desde que estudió Derecho en la Universidad Iberoamericana, que es hijo de madre poblana y de padre oaxaqueño, y que en la sesión del pleno consiguió 18 votos, todos los de la oposición (sin los independientes), la mitad de los del PRD y dos del PT. Al final quedó Francisco Romero y se impuso el frío con David Colmenares.
Los diputados morenistas Gabriel Biestro y Lucía Romero Garci Crespo deberían estar pendientes del tema, antes de que se desborde. No vaya a ser que el próximo año la ASF decida fiscalizar los recursos federales de manera directa, sin la colaboración estatal, y les meta un susto a sus aliados.
Twitter: @jrodriguezc
