En Puebla, hay una población de 300 150 personas con algún tipo de discapacidad, de las cuales 141 184 son hombres y 158 966 son mujeres; a nivel nacional tenemos población de 6 179 890 con alguna discapacidad, de acuerdo con el Censo 2020 INEGI. Asimismo, la CEPAL refiere que, en América Latina, hay alrededor de 70 millones de personas con discapacidad: ellas constituyen uno de los grupos más excluidos de nuestra sociedad y se encuentran entre las más afectadas por esta pandemia.
En términos generales, hay 650 millones de personas con discapacidad en el mundo, esto equivale al 10% de la población de todo el mundo, el 20% de personas con discapacidad viven en los países más pobres, el 80% de las personas con discapacidad viven en países en desarrollo y si vivimos más de 70 años, 8 de nosotros seremos personas con alguna discapacidad. https://www.unicef.org/lac/ninos-ninas-y-adolescentes-con-discapacidad
La discapacidad según la Organización de Naciones Unidas; “es el resultado de la interacción entre la deficiencia de una persona y las barreras y actitudes de la sociedad. De esta manera, las discapacidades incluyen deficiencias físicas, mentales, intelectuales y sensoriales, tales como ceguera, sordera, deterioro de la movilidad y deficiencias en el desarrollo”.
El 54% de las personas con discapacidad viven en condiciones de pobreza, de acuerdo con el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval); igualmente, la Secretaría del Bienestar asegura que, la discapacidad motriz es la más común entre los mexicanos, con 2.6 millones de personas que la presentan, es decir, 37.3% del total de las personas con discapacidad, le siguen la visual, la psicosocial, la auditiva y la intelectual.
Las personas con discapacidad constituyen un sector de la población sumamente vulnerable y discriminado en nuestras sociedades contemporáneas, por lo que, es menester, promover, proteger y garantizar sus derechos, tal como lo establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 11, que señala: los Estados parte deberán adoptar “todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales” (Naciones Unidas, 2006, pág. 9). Por tanto, en esta situación de pandemia de COVID-19 que vivimos, nuestros gobiernos deben garantizar que se adopten todas las medidas necesarias, para evitar que las personas con discapacidad se contagien del virus y, si ya se han contagiado, que cuenten con acceso expedito a los sistemas de salud necesarios para su atención. Además, se deben implementar acciones de apoyo económico y social, pues esta crisis sanitaria ha disminuido los ingresos de millones de personas en México y en todo el mundo, sobre todo a los más pobres y vulnerables. Por lo tanto, las acciones dirigidas a las personas con discapacidad deben ser más específicas, y adaptarse a la condición de discapacidad que tienen cada una de estas personas.
En México, la Ley General de las Personas con Discapacidad, establece las bases que permitan la plena inclusión de las personas con discapacidad, promueve y protege los derechos humanos de estas personas, pero las normas y los mecanismos existentes, no proporcionan la protección adecuada para sus casos concretos, por lo que es urgente, destinar recursos económicos a organismos como el Sistema Integral para la Familia (DIF), para atender programas de atención a personas con discapacidad; por otra parte, el sector educativo debe contar con recursos para brindar la atención al Programa de Inclusión y Equidad Educativo que es parte de sus políticas educativas, así como incorporar a la secretaría de salud, unidades móviles, que se acerquen a los lugares donde habitan personas con discapacidad.
*Es Doctor en Derecho por la BUAP, donde se desempeña como: Defensor Adjunto en la Defensoría de los Derechos Universitarios y Profesor en la Facultad de Derecho y C.S.
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