A casi 34 años de existencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, valdría la pena que dicho organismo convocara a la comunidad especializada en derechos humanos, universidades y público en general para hacer un ejercicio de reflexión de los desafíos y oportunidades que tiene la CNDH, así como los retos que tiene en los próximos 20 años.
La CNDH tiene las siguientes atribuciones:
Podrán investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzguen conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas o las legislaturas de éstas.
Impulsar la observancia de los derechos humanos en el país.
Proponer en el exclusivo ámbito de su competencia, los cambios y modificaciones de disposiciones legislativas y reglamentarias, así como de prácticas administrativas.
Promover el estudio, la enseñanza y divulgación de los derechos humanos.
Elaborar y ejecutar programas preventivos en materia de derechos humanos.
Supervisar el respeto a los derechos humanos en el sistema de reinserción social.
Formular programas que impulsen el cumplimiento dentro del territorio nacional de los tratados, convenciones y acuerdos internacionales, signados y ratificados por México en materia de derechos humanos.
Las atribuciones citadas, no son todas las que tiene conferidas la CNDH, a pesar de ello, valdría la pena una vez hecho el ejercicio de reflexión que se propone al inicio de esta entrega, que dichas atribuciones puedan ajustarse al presente y permitan a la CNDH cumplir con su encomienda de promover y proteger los derechos humanos de manera eficaz, asimismo, las funciones que tienen tales como: el acompañamiento de los familiares de las personas desaparecidas y con todas aquellas que así lo soliciten, para presentar sus denuncias ante el Ministerio Público; dar seguimiento a las carpetas de investigación que se integren, brindar asistencia a los familiares de las víctimas en todo momento, difundir en los medios que tienen a su disposición a las personas que se encuentran desaparecidas, fomentar el respeto de los derechos humanos desde dentro de la administración pública, a través de la certificación y capacitación de los funcionarios y de todo el personal administrativo; dar respuesta lo más inmediato posible a las denuncias, reclamaciones y solicitudes de la sociedad; promover iniciativas para la no criminalización de las mujeres por ejercer sus derechos reproductivos, la inclusión de personas con discapacidad, incorporar a personas senectas al mercado laboral, realizar vistas in situ en los Centros de Readaptación Social, escuelas, empresas, hospitales, asilos, orfanatos, entre otras, para que sean realizadas correctamente; atendiendo a protocolos de actuación con los que se cuente y en caso que los tengan, se trabaje de manera inmediata para tenerlos, con la finalidad de proteger y vigilar que no se violenten los derechos humanos.
De la misma forma se debe trabajar mediante convenio con el Sistema Integral de la Familia para realizar censos de personas en situación de calle, identificar a aquellos que son explotados laboralmente para realizar las denuncias correspondientes, brindar asistencia a los infantes y personas adultas víctimas de estos delitos y coadyuvar para ubicarlos en albergues donde puedan tener lo indispensable.
El Sistema Ombudsman Mexicano tiene su fundamento en el apartado B, del Artículo 102 Constitucional y está compuesto por una Comisión Nacional y por treinta y dos Comisiones y Procuradurías de Derechos Humanos, una por cada una de las entidades federativas y Ciudad de México. El Ombudsman en México tiene muchos retos y en la medida que se cumpla con todas las atribuciones que tienen establecidas en sus leyes y reglamentos, seguramente se podrá ir consolidando la cultura del respeto a los derechos humanos en nuestro país.
Es Doctor en Derecho por la BUAP y miembro del Instituto Latinoamericano de Ombudsman.
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