/ miércoles 1 de marzo de 2023

Autoridades federales deben replantear concesiones de agua: investigadora

Valentina Campos señaló que quienes extraen y contaminan más agua deben asumir mayor responsabilidad sobre las afectaciones que realizan a las cuencas hidrológicas

El alto consumo de aguas subterráneas y el escaso tratamiento de líquidos residuales, principalmente por el sector industrial, está agudizando la disponibilidad de recursos naturales en el acuífero del Valle de Puebla. Pese a que la disponibilidad hídrica es suficiente aún, la doctora en Ciencias por el Colegio de Postgraduados Campus Puebla (Colpos-Pue), Valentina Campos Cabral, señaló que las autoridades deben actualizar los mecanismos para otorgar concesiones sobre el uso de aguas.

En entrevista, la especialista, quien además es académica e investigadora en la Universidad Iberoamericana Puebla, señaló que los actores que extraen y contaminan más agua de primer uso –líquido proveniente de los mantos acuíferos– necesitan asumir mayores responsabilidades sobre las afectaciones que realizan a las cuencas hidrológicas del país, con la numerosa extracción del líquido.


“Todos los actores estamos obligados a actuar de manera más responsable y, dentro de estos niveles de responsabilidad, aquellos sectores que tienen un impacto ambiental mayor, pues tienen mayor responsabilidad, y en ese sentido también lo tienen las autoridades que tienen que vigilar el cumplimiento de las leyes y las normas, pero también de su actualización”, indicó.

Aunado a ello, expuso que, pese a ser una obligación legal, muchas organizaciones todavía no cumplen con las disposiciones mínimas en materia de tratamiento de aguas, por lo que sustraen altas cantidades de líquido, pero ninguna de ellas es reutilizada, lo cual acelera el agotamiento del recurso hídrico.

“Las autoridades y los tomadores de decisiones tienen un gran reto, en decidir de manera racional, argumentada y objetiva hacia dónde están poniendo y definiendo las concesiones de agua, por ejemplo”, enunció.


De acuerdo con los datos más recientes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la disponibilidad del acuífero del Valle de Puebla es de 20 millones 667 mil 700 metros cúbicos anuales para otorgar nuevas concesiones. Esta cifra no representa todavía una crisis, sin embargo, la investigadora apuntó que es fundamental evitar que el gasto del líquido sea indiscriminado, como ha sucedido hasta ahora.

En los últimos años, múltiples industrias, principalmente de índole automotriz, han decidido asentarse en suelo poblano. Aunque su impacto económico y laboral ha sido alto, la doctora Campos Cabral cuestionó si estos beneficios financieros son lo suficientemente importantes como para afrontar irreparables pérdidas medioambientales.

“A veces esta sobredeterminación que hay de la dimensión económica en los procesos territoriales, sin considerar, pues, justamente los impactos ambientales (...) a veces no se valoran de manera correcta (...) Sería muy interesante saber cuánto nos cuesta restaurar el ambiente y ver si se equilibra con [las ganancias] que de manera directa o indirecta se generan”, comentó.

Por ejemplo, mencionó que las plantas armadoras instaladas en los municipios de Cuautlancingo y San José Chiapa –Volkswagen y Audi– ocupan espacios que previamente eran utilizados para actividades agrícolas.

“Pasamos de tierras que eran fértiles, con agua disponible y con una biodiversidad, con actividades agrícolas, a un territorio totalmente transformado con infraestructura, industrias, vías de comunicación, procesos de contaminación, de pérdida de biodiversidad, de escasez de agua, de pobreza, de marginación, de condiciones de falta de seguridad y soberanía alimentaria (...) antes estos terrenos tenían un uso agrícola o ecológico y ahora están en condiciones que podemos constatar”, defendió.

Finalmente, hizo hincapié que, aunque muchas empresas, e incluso particulares, están contaminando de diferentes formas, las autoridades necesitan reconsiderar sus mecanismos de asignación de concesiones y permisos para desempeñar actividades contra el ambiente, especialmente porque las repercusiones más graves serán enfrentadas por las personas más jóvenes.

“Las generaciones que vienen tendrán que cargar sin culpa (...) Además, ¿quién está concentrando esa riqueza?, porque mientras esa riqueza probablemente se concentra, y a lo mejor no se quedan en el país, el impacto negativo es generalizado”, remató.

El alto consumo de aguas subterráneas y el escaso tratamiento de líquidos residuales, principalmente por el sector industrial, está agudizando la disponibilidad de recursos naturales en el acuífero del Valle de Puebla. Pese a que la disponibilidad hídrica es suficiente aún, la doctora en Ciencias por el Colegio de Postgraduados Campus Puebla (Colpos-Pue), Valentina Campos Cabral, señaló que las autoridades deben actualizar los mecanismos para otorgar concesiones sobre el uso de aguas.

En entrevista, la especialista, quien además es académica e investigadora en la Universidad Iberoamericana Puebla, señaló que los actores que extraen y contaminan más agua de primer uso –líquido proveniente de los mantos acuíferos– necesitan asumir mayores responsabilidades sobre las afectaciones que realizan a las cuencas hidrológicas del país, con la numerosa extracción del líquido.


“Todos los actores estamos obligados a actuar de manera más responsable y, dentro de estos niveles de responsabilidad, aquellos sectores que tienen un impacto ambiental mayor, pues tienen mayor responsabilidad, y en ese sentido también lo tienen las autoridades que tienen que vigilar el cumplimiento de las leyes y las normas, pero también de su actualización”, indicó.

Aunado a ello, expuso que, pese a ser una obligación legal, muchas organizaciones todavía no cumplen con las disposiciones mínimas en materia de tratamiento de aguas, por lo que sustraen altas cantidades de líquido, pero ninguna de ellas es reutilizada, lo cual acelera el agotamiento del recurso hídrico.

“Las autoridades y los tomadores de decisiones tienen un gran reto, en decidir de manera racional, argumentada y objetiva hacia dónde están poniendo y definiendo las concesiones de agua, por ejemplo”, enunció.


De acuerdo con los datos más recientes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la disponibilidad del acuífero del Valle de Puebla es de 20 millones 667 mil 700 metros cúbicos anuales para otorgar nuevas concesiones. Esta cifra no representa todavía una crisis, sin embargo, la investigadora apuntó que es fundamental evitar que el gasto del líquido sea indiscriminado, como ha sucedido hasta ahora.

En los últimos años, múltiples industrias, principalmente de índole automotriz, han decidido asentarse en suelo poblano. Aunque su impacto económico y laboral ha sido alto, la doctora Campos Cabral cuestionó si estos beneficios financieros son lo suficientemente importantes como para afrontar irreparables pérdidas medioambientales.

“A veces esta sobredeterminación que hay de la dimensión económica en los procesos territoriales, sin considerar, pues, justamente los impactos ambientales (...) a veces no se valoran de manera correcta (...) Sería muy interesante saber cuánto nos cuesta restaurar el ambiente y ver si se equilibra con [las ganancias] que de manera directa o indirecta se generan”, comentó.

Por ejemplo, mencionó que las plantas armadoras instaladas en los municipios de Cuautlancingo y San José Chiapa –Volkswagen y Audi– ocupan espacios que previamente eran utilizados para actividades agrícolas.

“Pasamos de tierras que eran fértiles, con agua disponible y con una biodiversidad, con actividades agrícolas, a un territorio totalmente transformado con infraestructura, industrias, vías de comunicación, procesos de contaminación, de pérdida de biodiversidad, de escasez de agua, de pobreza, de marginación, de condiciones de falta de seguridad y soberanía alimentaria (...) antes estos terrenos tenían un uso agrícola o ecológico y ahora están en condiciones que podemos constatar”, defendió.

Finalmente, hizo hincapié que, aunque muchas empresas, e incluso particulares, están contaminando de diferentes formas, las autoridades necesitan reconsiderar sus mecanismos de asignación de concesiones y permisos para desempeñar actividades contra el ambiente, especialmente porque las repercusiones más graves serán enfrentadas por las personas más jóvenes.

“Las generaciones que vienen tendrán que cargar sin culpa (...) Además, ¿quién está concentrando esa riqueza?, porque mientras esa riqueza probablemente se concentra, y a lo mejor no se quedan en el país, el impacto negativo es generalizado”, remató.

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