/ lunes 14 de marzo de 2022

Blindan casetas con firmas privadas, pese a desacuerdo presidencial

Dos empresas ganaron contratos por unos dos mil millones de pesos hasta fines de 2024

Caminos y Puentes Federales (Capufe) otorgó un contrato plurianual por cerca de dos mil millones de pesos a las empresas Grupo de Seguridad Privada Pryse de México y Protección, Resguardo y Servicios Empresariales, para la vigilancia y seguridad en las casetas, pese a que el Ejecutivo aseguró que el servicio lo ofrecerían dependencias federales.

El contrato, vigente a partir de este mes y hasta final de 2024, es para salvaguardar el patrimonio, a los trabajadores y usuarios, y mantener el funcionamiento de las plazas de cobro, espacios públicos y oficinas de la red carretera administrada por Capufe.

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Se trata de 210 sitios que serán resguardados entre peajes, oficinas, campamentos y espacios públicos en todo el país.

Pryse, firma que encabezó el consorcio, es una empresa especializada en servicios de seguridad privada que solo el año pasado obtuvo contratos por cerca de 500 millones de pesos con dependencias como el IMSS y Fonatur.

Protección, Resguardo y Servicios Empresariales, en tanto, ha obtenido contratos menores principalmente con el ISSSTE.

La licitación se dividió en seis partidas, de las cuales el monto más alto, por más de 600 millones de pesos, fue para la seguridad en autopistas del centro del país, como la Chamapa-Lechería, Querétaro-Irapuato, León-Lagos de Moreno y México-Querétaro.

La contratación de seguridad privada continúa pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que este servicio sería proporcionado por dependencias federales.

En octubre de 2020, el mandatario anunció que el Servicio de Protección Federal se haría cargo de la seguridad de oficinas, hospitales, escuelas, edificios y “todo lo que se debe de proteger”.

Entonces, López Obrador informó sobre la firma de un acuerdo para que todas las dependencias federales contrataran este servicio y evitaran acuerdos con particulares.

La Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV) reportó el robo de dos mil 929 vehículos de sus asociados el año pasado, 11 más que los registrados en 2020. Pero además de los robos a autotransporte, los organismos privados se han quejado de bloqueos en casetas que han afectado a la competitividad del país.



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Caminos y Puentes Federales (Capufe) otorgó un contrato plurianual por cerca de dos mil millones de pesos a las empresas Grupo de Seguridad Privada Pryse de México y Protección, Resguardo y Servicios Empresariales, para la vigilancia y seguridad en las casetas, pese a que el Ejecutivo aseguró que el servicio lo ofrecerían dependencias federales.

El contrato, vigente a partir de este mes y hasta final de 2024, es para salvaguardar el patrimonio, a los trabajadores y usuarios, y mantener el funcionamiento de las plazas de cobro, espacios públicos y oficinas de la red carretera administrada por Capufe.

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Se trata de 210 sitios que serán resguardados entre peajes, oficinas, campamentos y espacios públicos en todo el país.

Pryse, firma que encabezó el consorcio, es una empresa especializada en servicios de seguridad privada que solo el año pasado obtuvo contratos por cerca de 500 millones de pesos con dependencias como el IMSS y Fonatur.

Protección, Resguardo y Servicios Empresariales, en tanto, ha obtenido contratos menores principalmente con el ISSSTE.

La licitación se dividió en seis partidas, de las cuales el monto más alto, por más de 600 millones de pesos, fue para la seguridad en autopistas del centro del país, como la Chamapa-Lechería, Querétaro-Irapuato, León-Lagos de Moreno y México-Querétaro.

La contratación de seguridad privada continúa pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que este servicio sería proporcionado por dependencias federales.

En octubre de 2020, el mandatario anunció que el Servicio de Protección Federal se haría cargo de la seguridad de oficinas, hospitales, escuelas, edificios y “todo lo que se debe de proteger”.

Entonces, López Obrador informó sobre la firma de un acuerdo para que todas las dependencias federales contrataran este servicio y evitaran acuerdos con particulares.

La Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV) reportó el robo de dos mil 929 vehículos de sus asociados el año pasado, 11 más que los registrados en 2020. Pero además de los robos a autotransporte, los organismos privados se han quejado de bloqueos en casetas que han afectado a la competitividad del país.



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