Representantes de la iniciativa privada del estado de Puebla están en contra de la propuesta de reforma del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la cual busca modificar 23 leyes en materia administrativa.
Coincidieron en que este proyecto generará incertidumbre jurídica, atenta contra el Estado de Derecho, y encarecerá los costos de los proyectos, lo que impactará directamente a las empresas.
En este sentido, Gustavo David Vargas Constantini, presidente local de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), expresó su preocupación de esta reforma, ya que considera impactará directamente en la certeza jurídica de los inversionistas a la hora de apostar su capital para la generación de empleos.
“De ser aprobada en los términos en que fue presentada, la iniciativa antes referida vulnera la certeza jurídica y es abiertamente contraria a principios constitucionales fundamentales, toda vez que introduce un amplio margen de ambigüedad y discrecionalidad en la actuación de la Administración Pública Federal en materia administrativa, a la que, además, convierte en juez y parte, en perjuicio de derechos adquiridos”, refirió.
Por su parte, José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), consideró que esta Reforma Administrativa es una mala señal para los mercados, ya que hacen ver que en México no se respeta el Estado de Derecho ni los tratados comerciales internacionales.
Esta situación, pondría en riesgo las oportunidades de atraer nuevas empresas y capital fresco, lo que afectaría también a los jóvenes que requieren opciones de empleo y mejores ingresos, ya que, sin inversión, no hay desarrollo.
“Rechazamos este plan de enmienda a 23 leyes secundarias, que, de aprobarse, pondría a las empresas proveedoras del Gobierno en una situación de desventaja, debido a la “cláusula exorbitante” que da prioridad al Estado y que en el mediano y largo plazo hará que los costos de los proyectos se incrementen debido al alto riesgo que significará prestar servicios a entidades gubernamentales”, destacó.
Ante este panorama, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) hizo un llamado a las y los miembros del Congreso de la Unión para legislar con absoluta responsabilidad en esta materia y cuidar el interés público, pero no a costa de erosionar la certeza jurídica, el Estado de derecho y garantías fundamentales contenidos en la Carta Magna.
