El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gilberto Higuera Bernal, descartó que el gobierno de Puebla haya formulado denuncias contra los responsables de la deuda fiscal originada durante la administración de Rafael Moreno Valle Rosas, la cual ascendió a los 2 mil 700 millones de pesos, y que fue recientemente pagada a cargo del erario poblano.
De acuerdo con el fiscal, no se ha presentado una sola querella por el golpe a las finanzas públicas en el que derivó un incumplimiento fiscal de 2015, en el cual, según la secretaria de Planeación y Finanzas (SPF), Teresa Castro Corro, se incurrió en un acto de dolo ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en ese momento.
Higuera Bernal dijo que la FGE no tiene facultades para investigar la presunta comisión de delitos en agravio del patrimonio estatal, por lo que es necesario que haya un ente denunciante. No obstante, enfatizó en que, en cuanto se formule la querella, la autoridad ministerial investigará a fondo la anomalía fiscal originada en 2015.
“No podemos nosotros intervenir oficiosamente en ese tipo de hechos, tendríamos que recibir la denuncia, y ya he comentado que, cuando la tengamos, investigaremos ante la probabilidad de la comisión de un delito”, expuso este domingo, en entrevista con medios de comunicación.
Cabe recordar que fue el pasado 11 de abril cuando Castro Corro dio a conocer que el SAT cuantificó una deuda de 2 mil 700 millones de pesos por un acto doloso cometido en la administración de Moreno Valle Rosas, cuando se solicitó a la autoridad fiscal una devolución de impuestos por 702 millones de pesos, correspondientes a los años 2009 y 2010.
El gobierno de Puebla basó su decisión en un dictamen elaborado por la consultoría Sistemas LAC, empresa a la que, por cierto, le pagaron un “bono por caso de éxito”, reveló la titular de la SPF.
Según el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, quien tomó la decisión de pagar la deuda y terminar con el litigio iniciado por el gobierno de Antonio Gali Fayad, en el cual se buscó invalidar la resolución del SAT, el Estado poblano irá contra los responsables de haber cometido dicha irregularidad financiera. No obstante, hasta el 16 de abril del presente año no se ha presentado una sola denuncia, al menos no ante el ministerio público estatal.
Narcotraficantes se disputan control en región de Tepeaca
En otro orden de ideas, Higuera Bernal detalló que el hallazgo de cinco cadáveres en una barranca del municipio de Los Reyes de Juárez la semana pasada está relacionado a una pugna entre narcomenudistas en la región central del estado.
“Estamos todavía en curso, no puedo dar ahorita ningún avance, pero la primera referencia nos indica que es una lucha entre grupos de narcomenudistas que se disputan el control del comercio de drogas en esa zona (...) y que por supuesto los vamos a detener”, refirió.
Cabe recordar que los cuerpos sin vida fueron abandonados en dos predios del municipio, uno en las cercanías con Tepeaca y el otro en la localidad de Virreyes. Campesinos que atravesaban por la zona detectaron un cuerpo acéfalo, por lo que inmediatamente fueron alertadas las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la FGE.
Descarta fiscal agresión a agentes en Cohuecan
Respecto a la presunta retención y amenazas que sufrieron más de 30 agentes de la FGE en el municipio de Cohuecan el jueves pasado, Higuera Bernal descartó que personal de la dependencia haya sido herido por pobladores.
Aunque inicialmente se dio a conocer que un grupo de agentes ministeriales acompañados de fuerzas policiales de ese municipio que acudió a ejecutar una orden de cateo fue amenazado por ciudadanos, quienes, según fuentes cercanas al caso, estaban armados, el fiscal defendió que en ningún momento hubo servidores públicos en riesgo.
Señaló que la situación se resolvió en presunta tranquilidad, y explicó que más bien los pobladores quisieron conocer el motivo por el cuál los agentes acudieron al domicilio de un hombre, quien se sabe lleva por nombre Gonzalo N.
“Nunca los lastimaron, nunca los agredieron. No. Se estaba realizando una investigación, un cateo en particular por un homicidio ocurrido en ese lugar, y la comunidad consideró que era un hecho culposo el que nosotros estábamos investigando, es un homicidio de dos personas que estaban de cacería, y bueno ellos pedían saber cuál era la situación legal de su vecino y se resolvió sin problema”, finalizó.
