A año de la muerte de los exgobernadores, Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle con sus acompañantes, el gobierno federal incumplió dos veces los acuerdos políticos, primero negando la gubernatura interina a un panista y segundo: no otorgando un informe certero sobre el incidente, expuso la analista política de la UPAEP, Claudia Ramón Pérez.
La politóloga consideró que era importante conocer de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) un dictamen sobre los hechos ocurridos el pasado 24 de diciembre de 2018, para poner fin a las hipótesis de este hecho que dio un giro económico y social a la entidad durante este año.
“A falta de información hay muchas versiones. Si llama la atención y sobre todo por el compromiso que había que de las autoridades federales de dar a conocer lo ocurrido y me parece que ese silencio que se ha mantenido y la forma en la que se ha venido dando la información no contribuye a clarificar qué fue lo que sucedió”, declaró a El Sol de Puebla.
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En octubre, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció el aplazamiento hasta 2020 del informe final en donde murió la exgobernadora Martha Erika Alonso y su esposo el senador Rafael Moreno Valle.
La analista, consideró que independientemente del partido político al pertenecían, desde el gobierno federal debe de esclarecerse un accidente: “A pesar de las diferencias políticas, todos los ciudadanos merecemos justicia”.
Asimismo, consideró lógico que desde el Partido Acción Nacional (PAN) se abandere la lucha política para conocer la verdad y más aún cuando no se respetó que en el periodo interino quedara alguien del gabinete recién nombrado gobierno de Martha Erika Alonso, o de su partido político, que estuvo con ella, menos de un mes en el poder.
“No solamente porque se trata de militantes de su partido y por cómo se dieron las cosas desde el gobierno federal (…) no se respetó la gubernatura interina”, dijo.
Por su parte, el académico de la Universidad Iberoamericana, José Luis Hernández Avendaño, señaló que este tipo de acontecimientos tienen una doble dimensión: una jurídica política y otra más de la opinión pública.
“La opinión pública ya juzgó los hechos”, dijo al referir que en el caso de las investigaciones de este tipo de casos tardan hasta más de 2 años en esclarecerse, incluso más, como sucedió con el caso de Luis Donaldo Colosio, asesinado en un acto de campaña presidencial en 1994.
