El gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, firmó el decreto que abroga el emitido en 2017 para declarar como Área Natural Protegida el “Cerro Colorado”, tras confirmarse que se violaron los derechos de audiencia y debido proceso para más de 15 mil ejidatarios de la zona, que desde hace casi cinco años quedaron imposibilitados para seguir trabajando sus tierras.
El mandatario poblano resaltó que las Áreas Naturales Protegidas deben existir pero de forma justificada, sin que la declaratoria afecte la relación entre la naturaleza y las personas, como ocurría en el caso de la emitida en el sexenio del ex gobernador, Rafael Moreno Valle y que terminó afectando a 19 núcleos ejidales y los municipios de Ajalpan, Nicolás Bravo, Chapulco, San Antonio Cañada, Santiago Miahuatlán, Vicente Guerrero y Tehuacán.
“Políticamente es muy importante, porque hay muchos discursos que sirven para promociones personales y el medio ambiente es uno de ellos (…) se trata de respetar los derechos de ustedes, cuando se tomó esta decisión (la declaratoria de 2017) se violó el principal de los derechos en una afectación, en un litigio, en un procedimiento: la garantía de audiencia, de ser escuchado en defensa de uno para poder hacer valer los derechos correspondientes”, dijo.
Barbosa señaló que la protección del medio ambiente es un tema obligado e incluso su gobierno está promoviendo la declaratoria de Área Natural Protegida para dos zonas de la entidad, sin embargo, esto no debe ser motivo para afectar a las personas.
En su intervención, la secretaria de Medio Ambiente, Beatriz Manríque Guevara, sostuvo que la dependencia atiende la instrucción de revisar las declaratorias emitidas en el pasado para garantizar que se encuentren apegadas a derecho y en la del 'Cerro Colorado' se hallaron diversas inconsistencias durante todo el procedimiento para emitirla.
El director general de Tenencia de la Tierra y Población, Lorenzo Martínez Benítez, enlistó que los ejidatarios no fueron considerados formalmente en la elaboración del estudio previo técnico justificativo de la declaratoria, no fueron notificados sobre la misma, no se les tomó en cuenta para la elaboración del programa de manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales, no se elaboraron convenios de colaboración con el gobierno federal o municipal, ni acciones en materia de educación y promoción ambiental, ni se diseñaron medidas para evaluar la eficacia de la decisión.
“Se estima impostergable e imprescindible subsanar las citadas irregularidades de forma y fondo, además de restituir a los núcleos ejidales y pueblos originarios en el goce de los derechos humanos que les resultaron violados, por lo que se impone restablecer sus derechos al estado en que se encontraban antes de la violaciones que sufrieron y dejen de producir los efectos del área natural protegida y de los actos que generen la restricción en el uso y usufructo de sus tierras, a fin de evitarles más molestias”, dijo.
Finalmente Omar Eulogio Toledo Balderas, presidente municipal de Santiago Miahuatlán, enfatizó que los ejidatarios y gobiernos municipales involucrados en la declaratoria que hoy se dejó sin efecto, están dispuestos a contribuir con el gobierno para generar un nuevo instrumento legal que proteja los recursos naturales.
