El Pueblo de Santa María Coapan, junta auxiliar de Tehuacán, expuso el desinterés de la Federación por subsanar los daños al medio ambiente y la salud de la población, ocasionados por el tiradero a cielo abierto que lleva más de dos décadas operando en ese lugar. Sin que exista un conteo oficial, lugareños estiman que varias personas han fallecido a causa del cáncer provocado por la expulsión de gases tóxicos.
Pese a que llevan décadas consignando que la permanencia del tiradero –que mide cerca de 18 hectáreas– pone en riesgo el balance ecológico en la zona, la crisis se agudizó en mayo pasado cuando un incendio consumió toneladas de basura y expelió material perjudicial para la salud de las personas, animales y otros seres vivos.
En consecuencia, habitantes interpusieron una denuncia popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), dependencia que por cierto señalan que no ha hecho nada al respecto. Además de ello, el caso fue llevado ante la justicia federal a través de un recurso de amparo en diciembre de 2021.
De acuerdo con Lizy Peralta Mercado, representante legal de los intereses de la comunidad de Coapan, el caso quedó asentado en el expediente 9/2022 ante el Juzgado Sexto de Distrito. Ahí se expuso la vulneración a los derechos constitucionales de acceso a la salud y a un medioambiente seguro, además de la autodeterminación de los pueblos. No obstante, la autoridad dividió el proceso en ocho juicios.
Si bien en cada uno de ellos los motivos varían, todos están dirigidos a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Ordenamiento Territorial (Smadsot), al Ayuntamiento de de Tehuacán y a la Junta Auxiliar de Santa María Coapan.
Pese a que cada actor tiene responsabilidades propias –ya sea por acción u omisión–, la litigante hizo hincapié en que la única que tiene competencia para clausurar el lugar y dar paso a una solución urgente, es la federal.
A propósito, la especialista en Derecho criticó en conferencia de prensa que la Smadsot haya llevado a cabo una clausura temporal el pasado 9 de junio, pues externó que, en primera, el gobierno estatal no es la autoridad acreditada para actuar en esa situación, pues el terreno es parte del Área Natural Protegida (ANP) de la Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán; y en segundo lugar, la medida no es definitiva, por lo que la puerta sigue abierta para que el lugar siga funcionando.
En ese tenor, temen que al estar cerrado el lugar, personal del Organismo Operador del Servicio de Limpia de Tehuacán (OOSELITE) intente “subsanar” los daños mientras la denuncia y el juicio siguen en curso.
ARGUMENTAN DECISIÓN COMUNITARIA
El Pueblo de Santa María Coapan está constituido como una comunidad indígena, pues inclusive está reconocida como tal ante la ley. En ese tenor, argumentan que, de acuerdo con la Carta Magna, gozan de autodeterminación. Una de sus decisiones es sobre el manejo del territorio, del cual han tenido control popular desde hace años, insisten integrantes de la comunidad en rueda de prensa.
Cuando el tiradero comenzó a operar en 1996, se firmó un acuerdo con autoridades de la junta auxiliar para que éstas fueran las encargadas de recibir el monto de la renta del terreno, que originalmente era de seis hectáreas. De este recurso, un porcentaje está destinado a un fondo común al cual el colectivo de pobladores tiene acceso para implementar mejoras en la comunidad.
Bajo ese contexto, los habitantes de Coapan sostienen que las tierras son propiedad de la gente, y es por ello que defienden su autonomía. Así, Peralta Mercado detalló que fue en 2018 cuando la sociedad determinó que ya no querían albergar más el tiradero, pues se argumentó que el ambiente se tornó poco respirable e insalubre.
La razón que dieron además, fue que el manifiesto de impacto ambiental contempló que el lugar podría ser ocupado para esos fines únicamente hasta el año 2008, siempre y cuando fuera bajo condiciones de cuidado. Sin embargo, la abogada apuntó que existen, al menos, dos violaciones a la resolución de la autoridad federal: por exceder el tiempo de uso y por no tener controles adecuados de residuos.
DAÑOS A LA SALUD
Además de la expulsión de gases tóxicos, ocasionada por la combustión de la basura, los lixiviados –líquido que expelen los residuos–, se está afectando también el manto acuífero del valle de Tehuacán. Sostienen que, en años previos, la incidencia de personas enfermas de cáncer ha ido en aumento.
Al respecto, Guillermina Hernández García y Lorenza Evangelista Jiménez, integrantes de la comunidad nahua de Santa María Coapan, coincidieron en que en su comunidad hay varias personas que padecen esta enfermedad, además de leucemia, presuntamente en consecuencia por su exposición al agua y aire contaminado, sin embargo, hicieron hincapié en que ninguna autoridad ha hecho un censo para conocer las cifras reales.
A ese reclamo se sumó Adolfo Torres Hernández, párroco de la comunidad, quien externó que en los últimos 10 días al menos cinco personas han fallecido de cáncer, y en las que por cierto, vivían cerca del lugar, externó en entrevista con medios de comunicación.
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MANEJO DE RESIDUOS NO ESTÁ REGULADO
“Nadie ha checado que se cumpla con los cárcamos de los lixiviados. Si tienes el medio ambiente con gases cancerígenos, metales pesados y químicos cancerígenos, sabemos cuál es el resultado”, dijo por su parte Martín Barrios Hernández, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán.
A eso, la abogada Peralta Mercado agregó que existen por lo menos cuatro estatutos que se están violando al permitir la operación del tiradero, pues pese a que exista al amparo del gobierno municipal de Tehuacán, se sabe que no son sólo residuos sólidos los que ahí se vierten, pues también hay basura que requiere tratamiento especial.
“En las leyes federales de Residuos y del Ambiente (...) [además de] la NOM-083, que regula los residuos sólidos urbanos y de manejo especial (...) [así como] la NOM-052, tienen una lista (...) para determinar cantidades, pues no todos los residuos requieren de observancia federal si fuera una mínima cantidad, pero en las dimensiones de rellenos sanitarios, es indiscutible”, sostuvo la abogada.
Finalmente, José Diego Octavio Olivares Vázquez, presidente del Comité de Bienes del Pueblo de Santa María Coapan, hizo hincapié en que la población repele la existencia del tiradero, pues más allá de las evidentes consecuencias en la salud, existe un disgusto permanente por el fétido olor que se desprende a diario. Por ello, pidió también a la población de Tehuacán ser empática sobre lo que les atañe en Coapan.
“En las mañanas (...) huele feo, apestoso, todos los aires se expanden (...) Ya nos chingaron, ahora hay mucha enfermedad, hay muchas señoras que se están muriendo”, concluyó.
