Será el próximo 25 de julio cuando se desarrolle la audiencia en la que se definirá si se concede la suspensión definitiva en el juicio de amparo promovido por ocho vecinos de San Pablo Xochimehuacan, a quienes el gobierno les impidió reconstruir sus viviendas en la calle industria, tras la explosión ocurrida en octubre pasado, argumentando que se ubicaban en zona de riesgo.
Los afectados se manifestaron en el zócalo de la ciudad y acusaron que hasta el momento ni el ayuntamiento de Puebla o el gobierno estatal han accedido a permitirles hacer uso de sus predios y solo mantienen el ofrecimiento de reubicarlos, lo anterior a pesar de que el pasado 23 de junio un juez local les concedió una suspensión provisional, mediante la cual se frenan las acciones para impedir que ocupen sus lotes.
Jenny Gómez, una de las afectadas, sentenció que el gobierno les argumenta que las viviendas deben estar a una distancia de 30 metros de la vía del ferrocarril, sin embargo, la ley establece que la distancia mínima son 15 metros y sus casas si cubrían el derecho de vía.
“Lo que queremos es que vayan, que vaya el gobernador y el presidente municipal para que vean que si se cumple el derecho de vía y si Barbosa dice que es zona de riesgo pues entonces que quiten también a los de otras casas que están a cuatro metros de la vía, porque hay empresas, está una gasera que están junto de la vía, entonces nos tendrían que quitar a todos”, refirió.
Los afectados señalaron que llevaban décadas viviendo en el lugar y no están dispuestos a perder sus propiedades para aceptar una casa en una nueva zona de la ciudad, donde tendrían que empezar su vida de cero porque no hay suficiente urbanización y se encuentra lejos de sus centros de trabajo.
Confían en ganar la suspensión definitiva
Por lo anterior, confiaron en que el próximo lunes la justicia local les conceda la orden de suspensión definitiva y entonces las autoridades reconozcan que los vecinos tienen derecho de reconstruir sus viviendas, ya que hasta ahora ha permanecido la presencia de policía estatal en la zona para evitar el uso de los predios.
“Ahí se va a definir, salvo que la puedan diferir porque nos dieron 15 días para ampliar la demanda porque dicen que remitieron el oficio a atención ciudadana del gobierno del estado, entonces dieron 15 días para ampliarla, pero estamos en la posición de que la autoridad competente para dar el permiso de construcción es el ayuntamiento no el gobernador”, dijo Tomas Tenocelotl, representante legal de los afectados.
Luego de permanecer en el zócalo por algunos minutos y con pancartas en mano para exigir que las autoridades les permitan reconstruir sus viviendas en la calle Industria, los vecinos se trasladaron a realizar el mismo mitin frente al Congreso del Estado.
