El gobierno de Puebla ya analiza la recomendación que emitió recientemente la Comisión de Derechos Humanos (CDH), en la cual se determinó que la Policía Estatal y el ayuntamiento de Zoquitlán actuaron de forma arbitraria contra los habitantes de Coyomeapan en mayo de 2022, aseguró el mandatario Sergio Salomón Céspedes Peregrina.
Luego de que en días pasados el organismo garante de derechos humanos resolvió que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ejecutaron a tres pobladores, entre ellos un menor de edad, y que el gobierno municipal ignoró que los ciudadanos requerían atención médica urgente, el gobernador del estado precisó que su administración todavía no acepta o desecha dicha recomendación.
En rueda de prensa desde el CIS de Angelópolis, Céspedes Peregrina defendió este martes que cada autoridad deberá hacerse responsable sobre su actuar en este caso, pero destacó que todavía las direcciones jurídicas del gobierno se encuentran revisando las condiciones de la recomendación.
Defendió que, en caso de que la resolución de la CDH tenga condiciones de legalidad, el estado no tendrá inconveniente en aceptar lo determinado por el organismo.
“Estaremos atentos a analizar perfectamente bien cuáles son y cómo vienen este tipo de recomendaciones, en que las sustentan y, por supuesto, estamos a favor de fortalecer los derechos humanos de todos los ciudadanos. Como autoridad somos los primeros responsables en tener la primera apertura para analizar y, en su momento, si la resolución es sólida, aceptarla”, manifestó.
En 2022, convoy de la SSP le cerró el paso organizaciones
Cabe recordar que el conflicto de Coyomeapan se desató en mayo de 2022, luego de que pobladores de esa demarcación, representados por la organización Unidos por Coyomeapan, viajaban por una vialidad del municipio y un convoy de la SSP les cerró el paso en su andar.
Este acto dio lugar a un enfrentamiento en el que supuestamente, y de acuerdo con la CDH, policías estatales accionaron sus armas contra los ciudadanos.
Desde hace al menos una década, pobladores han denunciado que el control político del municipio ha caído en manos de la familia Celestino Rosas. El presidente municipal actualmente es Rodolfo García, esposo de la exalcaldesa y diputada federal, Aracelí Celestino Rosas. Por esa razón, activistas comunitarios han pedido el involucramiento de las autoridades, para garantizar un entorno democrático y condiciones de bienestar para la población.
Finalmente, cabe destacar que el organismo garante recomendó al ayuntamiento de Zoquitlán ofrecer disculpas públicas a las víctimas y sus familias, mientras que al gobierno estatal le pidió investigar a los funcionarios involucrados en el acto, desde altos mandos hasta personal operativo.