Anular el contrato que pactó en su momento el Estado poblano con la empresa Agua de Puebla dejaría a la entidad sin el 60 por ciento de sus obras y proyectos presupuestados, reconoció el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, al señalar que navegar con la bandera política de la desprivatización del servicio de agua potable en la capital del estado es una irresponsabilidad.
Ante los ojos del mandatario, es financieramente inviable que el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) vuelva a hacerse cargo del suministro hídrico en la capital del estado, como sucedía hasta antes de 2014.
En entrevista con medios de comunicación, el titular del Ejecutivo local precisó que no es una tarea sencilla desprivatizar el suministro de agua potable, esencialmente porque el estado no puede asumir por sí solo los costos de operación que implica esta acción.
Por lo tanto, refirió que aquellos hombres y mujeres que buscan beneficiarse políticamente del discurso de la desprivatización del agua en la capital poblana incurren en actos de lesa responsabilidad.
“Yo creo que, quien lo hace, lo hace de una forma no responsable, o muy irresponsable, porque saben perfectamente cuáles son las condiciones; que lean perfectamente bien cuáles son las condiciones del contrato”, acusó el mandatario.
Es por ello que, en un acto de honestidad, sostuvo, su administración no se comprometerá a llevar a cabo esta acción, pues ello pondría en riesgo la continuidad y conclusión del 60 por ciento de proyectos que comprometió el gobierno.
Hizo hincapié en que retirarle la concesión a la empresa que actualmente es beneficiaria del contrato no sólo sería ilegal, sino que también atentaría contra las finanzas públicas, debido a que el estado no cuenta con el dinero suficiente para hacerse cargo del suministro de agua y de cumplir el resto de obligaciones presupuestales.
“Las circunstancias para poder cancelar este tema significa invertir la mayor parte de recursos y dejar de hacer muchas cosas para poder sanar ese tema. Hoy en día, por lo menos el gobierno que tu servidor preside, no tiene esas condiciones, porque dejaría de hacerse el 60 por ciento de las acciones que teníamos [planeadas]”, defendió.
Aunado a ello, Céspedes Peregrina opinó que la privatización del líquido en Puebla capital, que comenzó formalmente desde 2013, se consolidó en un pacto desventajoso para el erario.
Sin embargo, aseguró que dicha condición fue “corregida” por el exgobernador Miguel Barbosa Huerta, quien propuso ante el Congreso del Estado un aumento tarifario del servicio de agua potable sin posibilidad de excederse del 7.6 por ciento.
Cabe recordar que fue en 2014 cuando la empresa Concesiones Integrales, que posee Agua de Puebla, inició operaciones en la capital del estado, esto luego de que el Congreso local modificó a finales de 2012 la Ley del Agua para el Estado, permitiendo a un particular hacerse cargo del suministro hídrico. Esta propuesta fue hecha por el exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas.
En 2013, el Cabildo del Ayuntamiento de Puebla, que en ese entonces era encabezado por el edil Eduardo Rivera Pérez, quien fue alcalde por primera vez en ese periodo, aprobó que el Soapap pudiese concesionar el agua en la demarcación. De forma paralela, los gobiernos de Amozoc, Coronango, Cuautlancingo, Juan C. Bonilla, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Ocoyucan, Tlaltenango y Xoxtla, hicieron lo mismo.
Además, no hay que olvidar que la empresa tendrá la concesión hasta 2044, pues el contrato estipula que Agua de Puebla se encargaría del servicio por 30 años.
Políticos siguen "colgándose" del discurso de la desprivatización del agua
El Sol de Puebla dio a conocer recientemente que la desprivatización del agua en la capital del estado es ya un discurso tradicional entre aspirantes a cargos públicos, quienes realizan dicha promesa para conseguir popularidad política, pero que no logran materializarla.
Según el análisis realizado por este medio periodístico, aspirantes a la presidencia municipal e incluso a la gubernatura de la entidad, han prometido –y siguen haciéndolo– a la ciudadanía romper la relación contractual entre el estado y Concesiones Integrales. No obstante, aunque muchas de ellas sí llegaron a puestos de toma de decisiones, fallaron a los poblanos en sus respectivas promesas.
Estos políticos fueron, por mencionar algunos, la exalcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco; el exdiputado local y actual secretario de Trabajo, Gabriel Biestro Medinilla; así como los diputados locales Nora Merino Escamilla e Iván Herrera Villagómez. A esta lista de aspirantes que prometieron desprivatizar el servicio, pero que no lo materializaron, se sumó Miguel Barbosa Huerta.
Por otro lado, un puñado de políticos, seguros de los elevados costos de adjudicar al estado el suministro hídrico en la capital, sólo ofrecieron revisar el contrato, pero sin comprometerse a la desprivatización. Algunos de ellos fueron la exgobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo y el exaspirante a la gubernatura en 2019, Enrique Cárdenas Sánchez.
Además, a pesar de que, según el gobernador Céspedes Peregrina, es bien sabido que devolver al estado el control del suministro hídrico en Puebla capital es inviable, debido a las condiciones contractuales de la concesión, algunos políticos siguen utilizando la desprivatización del líquido como estrategia para buscar popularidad.
Una de esas personas es el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carlos Martínez Amador, quien hoy busca ser candidato para gobernar la entidad en 2024, sin embargo, lo hace apoyado de la campaña “Regresarle el agua a los poblanos”, con la que, de nueva cuenta, se pretende convencer a la ciudadanía de que el servicio hídrico puede dejar de estar privatizado.
