Grupos y estafadores se aprovechan de la ignorancia y la necesidad de quienes están imposibilitados de adquirir una propiedad para encabezar invasiones de predios ajenos en la capital poblana, para que después de 10 a 30 años logren generar antigüedad de la propiedad y se la puedan adjudicar legalmente con el aval de la autoridad.
Dicha práctica todavía se mantiene en la capital poblana por organizaciones –como Antorcha Campesina- y vivales. Como prueba está la ocupación en noviembre pasado de un lote de 60 mil 500 metros cuadrados en el fraccionamiento Paseos de Castillotla que promovieron cuatro sujetos para llevar a pobladores e improvisar casas, hecho que ya fue denunciado por los dueños y el caso se encuentra en manos de la Fiscalía General del Estado (FGE), revela Juan Carlos Morales Páez, titular de la Secretaría del Ayuntamiento de Puebla.
Autoridades municipales y académicos, plantean que la posesión ilegal de la propiedad ya no es tan común pero suele darse y tiende a agudizarse cuando vienen obras de alto impacto, como el Bulevar Carmelitas, y segundo, la idea errónea que se puede lucrar políticamente con la tierra en tiempos electorales.
La secretaría del ayuntamiento contabiliza alrededor de 204 asentamientos irregulares en el municipio que incluyen no solamente invasiones, también de personas engañadas por dueños falsos que vendieron las tierras así como también una tercera categoría de predios o parcelas, algunas ejidales, que se comercializaron pero sin un orden y control urbano.
NECESIDAD E IGNORANCIA
El funcionario municipal al igual que la presidenta de la comisión de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente en el cabildo, Myriam Arabián Couttolenc, consideran que defraudadores y agrupaciones se aprovechan de las necesidades de vivienda de personas de escasos recursos para motivarlos a ser paracaidistas pese a ser un delito.
A eso suma la ignorancia del “comprador” al tener que aportar cuotas o pagos semanales por un pedazo de terreno que no es propiedad del presunto vendedor, por lo que corre el riesgo de perder su dinero si el verdadero dueño aparece y emprende un proceso legal a efecto de recuperar lo que le pertenece, refieren ambos integrantes del ayuntamiento.
De acuerdo con la versión anónima de una persona que adquirió una extensión de suelo producto de invasiones por parte de Antorcha Campesina, debió pagar 500 pesos como inscripción y posteriormente 100 pesos semanales hasta completar los 15 mil pesos del precio final. Además erogó otros 50 pesos a efecto de tener una tarjeta con la que semanalmente debía presentar a los “coordinadores” que comprobaban que estaba al pendiente de la propiedad, pero además recibir instrucciones de ir a desyerbar o realizar faenas de limpieza así como ir a mítines en caso de ser necesario.
Dulce María Judith Pérez Torres, psicóloga social y doctora en pedagogía en la UPAEP, considera que existe también responsabilidad de quienes se prestan a ser paracaidistas porque asumen una postura fácil por obtener un patrimonio sin demasiado esfuerzo, “por eso se adhieren a un sistema y organización para sacar provecho”.
Aunque lleguen a consolidar la propiedad, Juan Carlos Morales y Myriam Arabián, estiman que suelen pasar décadas, de 10 hasta 30 años, para que las colonias puedan ser regularizadas luego de un proceso administrativo que suele ir va acompañado por manifestaciones y gestiones para que la autoridad finalmente las integre a la carta urbana, “ni modos que dejemos sin atender a miles de personas”, refiere la segunda entrevistada.
Como ejemplo recuerda los casos de Cabañas de Santa María, Unión Antorchista, Aquiles Serdán –ubicada al sur de la ciudad-.
La también regidora Myriam Arabián expresa que los habitantes de este tipo de colonias padecen de una mala calidad de vida, no solamente por el riesgo de perder el dinero de su “inversión” también por la falta de servicios públicos.
Al encontrarse fuera del polígono de desarrollo urbano, surgen carencias como falta de servicios públicos, agua potable, alumbrado público, drenaje, pavimentación y banquetas, además de acceso al transporte público, afirma. “Ahí está como ejemplo la línea dos de la RUTA que no contempló debidamente al sur de la ciudad por las colonias irregulares”.
Al respecto, Octavio Flores Hidalgo, urbanista de la facultad de Arquitectura de la UPAEP, considera que este tipo de invasiones tiende a generar también un impacto al presupuesto público porque las autoridades deben destinar recursos a esas zonas cuando podrían destinarse a otras necesidades.
Oscar Soto Badillo, director de Investigación y Posgrado de la Universidad Iberoamericana, plantea la necesidad de establecer mejores mecanismos de sanción contra la especulación de la tierra, sin prestarse a acciones de negociación como pudiera darse con organizaciones existentes, señala en referencia a Antorcha Campesina.
Para frenar este tipo de acciones ilegales, el secretario del ayuntamiento así como el urbanista de la facultad de Arquitectura de la UPAEP, recomiendan a los dueños cercar la propiedad y estar en permanente vigilancia para detectar cualquier problema, sin dejar de lado la denuncia para la pronta actuación de la autoridad.
