La Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso del Estado aprobó la iniciativa del gobernador Miguel Barbosa para disolver la Dirección de Policía Estatal de Vialidad, de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Lo anterior por incumplir con sus facultades y atribuciones, con los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, objetividad y respeto a los derechos humanos que establece la Ley de Vialidad para el Estado de Puebla, por lo cual resulta necesaria su disolución y así evitar el abuso a la gente “pobre”, mediante actos de corrupción, según señala el documento enviado el 12 de mayo.
La iniciativa del gobernador reforma la Ley de Seguridad Pública y la Ley de Vialidad, ambas del Estado de Puebla, con la finalidad de crear la Dirección de Operaciones Policiales, que sustituirá la Dirección de Policía Estatal de Vialidad.
Además, con la desaparición de dicha unidad administrativa se transferirán las funciones y atribuciones de esta a la Dirección de Operaciones Policiales.
“Con esta reforma se acaba el abuso que se ha cometido en contra de poblanas y poblanos, mediante actos ilícitos por parte de Vialidad Estatal, iniciando con una dirección que cumpla con el respeto irrestricto de los derechos humanos”, señala.
La iniciativa fue aprobada por unanimidad de votos por la Comisión de Procuración y Administración de Justicia que solo incorporó en el texto el lenguaje de género y se negó a incluir –a propuesta de la diputada Rocío García Olmedo– los dos decretos publicados en el Periódico Oficial del Estado el 7 de mayo que suprimen la Dirección y la reforma, derogación y adición de diversas disposiciones del reglamento interior de la SSP y del reglamento de la Ley de Vialidad.
El dictamen deberá ser ratificado en sesión plenaria del Congreso. La próxima se llevará a cabo el miércoles 30 de junio a las 11:00 horas.
El pasado 12 de abril, el gobernador Barbosa ordenó la disolución de la Dirección de Vialidad, así como los grupos especiales de la Secretaría de Seguridad Pública estatal por registrar abusos en carreteras, así como otras anomalías, tras la destitución de Raciel López Salazar y de todos los mandos de la dependencia.