La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobó expedir la Ley de Archivos del Estado, que propone penas de tres a 10 años de prisión para las personas que destruyan documentos considerados patrimonio documental estatal, la propuesta de la normativa será sometida a votación del pleno en la próxima sesión ordinaria del Congreso local.
En la comisión, la presidenta del órgano legislativo, Mónica Silva Ruiz, resaltó la importancia de la normativa que propuso el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina con el fin de tener un control detallado del acervo histórico de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los ayuntamientos, órganos autónomos, partidos políticos y cualquiera que reciba recursos públicos.
“Al final, él siempre (Sergio Salomón) pensando en la circunstancia real de lo que se vive al interior del estado, donde en diversos ayuntamientos, organismos, entidades no llevan un control del acervo histórico y eso responde a nuestra historia”, mencionó.
De acuerdo con el dictamen, cada persona o autoridad será responsable de organizar sus archivos, así que tienen la obligación de cuidarlo y vigilar que no se sustraigan, dañen o eliminen los documentos. También deberán elaborar un programa anual, mismo que deberá publicarse en sus respectivos portales electrónicos durante los primeros 30 días naturales del año en curso.
En el tema de las sanciones, el mandatario estatal propuso hasta 10 años de cárcel por trasladar o mantener fuera de la entidad los documentos considerados patrimonio documental, es decir, que forman parte de la evolución del estado, han contribuido a su desarrollo o heredan información significativa de la vida social, intelectual, política, económica o cultural.
Cuando deba llevarse a cabo el proceso de entrega recepción, los sujetos tendrán la obligación de entregar los archivos bajo su custodia, instrumentos de control y consulta.
De igual forma, se creará un fondo de apoyo económico para la creación y administración de los archivos del gobierno del estado para el año en curso, con el fin de promover la capacitación, el equipamiento y sistematización de los documentos.
Por ello, los sujetos obligados deberán llevar a cabo en un periodo no mayor de 500 días hábiles contados a partir de la posible entrada en vigor de la Ley de Archivos del Estado, las gestiones presupuestales necesarias para cumplir con ello.
Además, se deberá expedir y publicar en un periodo menor a un año, el Reglamento Interno del Archivo General del Estado.
