La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso de Puebla aprobó la Ley de Responsabilidad Patrimonial mediante la cual se propone indemnizar a los ciudadanos que sean víctimas de las omisiones de la autoridad estatal y municipal.
Después de un rezago de más de dos décadas, los integrantes de la LXI legislatura aprobaron en comisiones la propuesta de ley que será sometida al pleno en la sesión ordinaria del jueves 13 de julio.
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La presidenta de la Comisión y Puntos Constitucionales declaró en entrevista que el objetivo principal de la ley es garantizar la reparación del daño para las personas que han visto vulnerados sus derechos por el actuar irregular de servidores públicos del gobierno del estado y los 217 ayuntamientos, en cuanto a faltas administrativas.
De acuerdo con el documento, son sujetos obligados de la ley el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo a través de la Administración Pública Estatal, los organismos autónomos y los 217 municipios del estado mediante de su administración centralizada. Así como cualquier otro ejecutor de gasto de carácter municipal o estatal.
La diputada local dijo que la ley tiene como previsión iniciar el próximo año por las adecuaciones presupuestarias que deben emplearse.
En lo que corresponde al área del Ejecutivo se buscará la destinación del 0.3 por ciento del millar del presupuesto, lo que corresponde a más de 15 millones de pesos que podrían cubrir hasta siete omisiones de las dependencias y entidades de la administración estatal.
Sobre los 217 municipios, Mónica Silva reconoció que los legisladores no pueden determinar el monto que deberán destinar por la autonomía constitucional de los ayuntamientos.
“Los municipios definirán ellos mismos el monto, nosotros no podríamos hacerlo porque irrespetaríamos su autonomía. Ellos tienen la posibilidad de establecer con su Cabildo cuánto pretenden destinar del presupuesto”, comentó.
A la par, resaltó que la ley será benéfica para la ciudadanía, ya que el estado contará con una normativa que permita indemnizar a las personas para la reparación del daño, ante acciones u omisiones que cometan entidades y dependencias de la administración pública y afecten los derechos humanos.
Tras ser avalada, la propuesta de ley será sometida a votación del pleno en la siguiente sesión ordinaria del Poder Legislativo.
