Un auditor especial ocupará la titularidad de la Auditoría Superior del Estado (ASE) ante la suspensión temporal que un Juez de Control decretó en contra de Francisco Romero Serrano, la cual durará hasta el jueves 17 de febrero. Aunque el Congreso no planea nombrar a un titular provisional, la ASE asegura que sí.
Al respecto, la presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso local, Mónica Silva Ruiz explicó que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior señala que ante la ausencia temporal del titular de la Auditoría el lugar debe ser ocupado por el auditor especial de cumplimiento financiero, en este caso Víctor Hugo Aguilar Hernández; el auditor especial de evaluación del desempeño, Rubén de la Fuente Vélez, o el auditor especial de tecnologías de la información, José Jorge Monges Aguilar.
Aseguró que el Congreso no tiene facultades para nombrar a un auditor provisional ante la suspensión de Romero, pues solo conoció del decretó que el 13 de febrero emitió un Juez de Control de la Región Centro-Poniente del estado.
“Realmente no tiene nada que ver el Congreso del Estado ahí, necesariamente lo haría directamente la Auditoría. Hay que esperar, la determinación judicial es clara, hoy la tenemos de conocimiento en el Congreso”, dijo en entrevista.
Comentó que Romero puede ampararse para frenar la suspensión del cargo, pero mientras eso ocurre subrayó que las reformas constitucionales y a las leyes secundarias en materia de fiscalización y combate a la corrupción permiten a los diputados saber qué pueden hacer para que la ASE no se quede acéfala.
Romero rindió protesta como auditor ante el Congreso del Estado el 27 de noviembre del 2019, por un periodo de siete años, es decir que podrá estar en el cargo hasta el 2026, con posibilidad de ser ratificado por otro lapso más.
Al respecto, Mónica Silva insistió en que las reformas aprobadas por los diputados son una armonización de la ley federal con la legislación local, por lo tanto, no tienen dedicatoria para el titular de la ASE que se encuentra suspendido.
Agregó que el proceso penal por presunta violencia familiar que enfrenta el auditor Francisco Romero no es competencia del Congreso, sino un asunto personal.
Por su parte, el área de comunicación social de la Auditoría aseguró que hasta la tarde del martes 15 de febrero el organismo se encontraba acéfalo y no saben quién ocupará la titularidad provisional, pues esperan la instrucción del Congreso.
