/ martes 15 de febrero de 2022

Da protección CNDH a Romero Serrano para evitar filtración de información

Francisco Romero advirtió que denunciará a funcionarios por no acatar medidas

El titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Francisco Romero Serrano, fue suspendido del cargo desde el pasado 13 de febrero por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar. La suspensión terminará el jueves y mientras tanto el auditor calificó el hecho como una persecución política.

Este lunes la Mesa Directiva del Congreso del Estado dio cuenta del oficio enviado por el Juez de Control de la Región Centro-Poniente del estado de Puebla, donde se informa de la medida cautelar para que Romero sea suspendido temporalmente de su función como titular de la Auditoría, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violencia intrafamiliar contra un menor de edad.

Hago de su conocimiento que en audiencia oral y pública se decretó como medida cautelar en contra del imputado Francisco José Romero Serrano la suspensión temporal en el ejercicio de una determinada profesión o actividad laboral siendo la del auditor Superior del Estado de Puebla”, se determinó.

A Romero se le inició la carpeta judicial administrativa por su probable intervención en el hecho con apariencia de delito de violencia familiar cometido en agravio del menor A.Z.B., representado por el abogado Arturo Almonte Carrera, adscrito a la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Por su parte, el Congreso del Estado deberá cumplir con el ordenamiento judicial, por lo cual lo que proceda lo determinará la Junta de Gobierno y Coordinación Política y la nueva Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, que presiden los diputados de Morena, Sergio Salomón Céspedes Peregrina y Olga Lucía Romero Garci Crespo, respectivamente.

AUDITOR DENUNCIARÁ A FUNCIONARIOS POR NO ACATAR MEDIDAS

Tras darse a conocer la suspensión temporal, Romero Serrano dijo en entrevista con El Sol de Puebla, que presentará denuncias penales contra funcionarios del Ministerio Público por no acatar las medidas de protección que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió a su favor y de su familia.

Explicó que la suspensión durará cinco días, sin embargo, aseguró que tanto el Juez de Control como el Ministerio Público se pasaron por el “arco del triunfo” las medidas otorgadas por la CNDH que fueron aceptadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) el pasado 11 de febrero, lo cual constituye un delito.

Subrayó que la Fiscalía debía suspender la investigación que inició de oficio por presunta violencia familiar contra su hijo y su esposa Joseline Zurita, pues afirmó que no cometió el delito, por lo que también denunciará penalmente a funcionarios del Sistema Estatal DIF por no acatar una suspensión concedida, la cual provocará que a más tardar el jueves próximo tenga que separarse del menor.

Vamos a actuar conforme a la ley. Vamos a presentar denuncias penales, nada me ata a eso, sino más bien que vayamos tras los funcionarios responsables hasta las últimas consecuencias. Es el Ministerio Público y el DIF”, sentenció.

CNDH OTORGA MEDIDAS DE PROTECCIÓN

El 4 de febrero la CNDH otorgó medidas de protección a favor de la esposa e hijo del auditor a fin de que la Fiscalía no filtrara información a medios de comunicación y dejara de integrar la carpeta de investigación por violencia familiar, para garantizar la integridad física y proteger la intimidad de la familia, tomando en cuenta la presunción de inocencia del titular de la Auditoría Superior del Estado.

Según el oficio FGE/FEDH/UDM/685/2022, la Unidad de Derechos Humanos de la FGE informó al director general de la Sexta Visitaduría de la CNDH, Armando Hernández Cruz, que habían aceptado las medidas, y a su vez envió el oficio a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género.

La Fiscalía debió abstenerse de seguir impulsando el proceso de oficio, toda vez que la patria potestad del niño la ejerce Joseline Zurita. Además, en todo momento se debió observar lo previsto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como el principio del interés superior del menor.

Al respecto, el auditor aseguró que existe la consigna de suspenderlo definitivamente del cargo, por lo cual ya promueve medidas para evitarlo.

A finales de diciembre de 2021 salió a la luz pública la orden de aprehensión librada por una juez en contra de Romero Serrano por el delito de violencia familiar, y aunque el funcionario estatal negó la existencia de dicho mandamiento judicial, días antes de que se supiera de ello ya había tramitado un amparo.

CAUSAS GRAVES PARA REMOVER AL AUDITOR

En diciembre pasado, el Congreso aprobó reformas constitucionales para poder remover al titular de la Auditoría, exclusivamente por causas graves y por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes.

Entre las causas destacan contravenir los principios a los que se debe ajustar la fiscalización; ausentarse de sus labores por más de un mes sin que medie autorización del Congreso; abstenerse de presentar en el año correspondiente, sin causa justificada, los informes de cuentas públicas; aceptar la injerencia de partidos políticos en la fiscalización, el proceso de revisión de la cuenta pública, así como en los procedimientos de fiscalización e imposición de sanciones.

El titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Francisco Romero Serrano, fue suspendido del cargo desde el pasado 13 de febrero por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar. La suspensión terminará el jueves y mientras tanto el auditor calificó el hecho como una persecución política.

Este lunes la Mesa Directiva del Congreso del Estado dio cuenta del oficio enviado por el Juez de Control de la Región Centro-Poniente del estado de Puebla, donde se informa de la medida cautelar para que Romero sea suspendido temporalmente de su función como titular de la Auditoría, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violencia intrafamiliar contra un menor de edad.

Hago de su conocimiento que en audiencia oral y pública se decretó como medida cautelar en contra del imputado Francisco José Romero Serrano la suspensión temporal en el ejercicio de una determinada profesión o actividad laboral siendo la del auditor Superior del Estado de Puebla”, se determinó.

A Romero se le inició la carpeta judicial administrativa por su probable intervención en el hecho con apariencia de delito de violencia familiar cometido en agravio del menor A.Z.B., representado por el abogado Arturo Almonte Carrera, adscrito a la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Por su parte, el Congreso del Estado deberá cumplir con el ordenamiento judicial, por lo cual lo que proceda lo determinará la Junta de Gobierno y Coordinación Política y la nueva Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, que presiden los diputados de Morena, Sergio Salomón Céspedes Peregrina y Olga Lucía Romero Garci Crespo, respectivamente.

AUDITOR DENUNCIARÁ A FUNCIONARIOS POR NO ACATAR MEDIDAS

Tras darse a conocer la suspensión temporal, Romero Serrano dijo en entrevista con El Sol de Puebla, que presentará denuncias penales contra funcionarios del Ministerio Público por no acatar las medidas de protección que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió a su favor y de su familia.

Explicó que la suspensión durará cinco días, sin embargo, aseguró que tanto el Juez de Control como el Ministerio Público se pasaron por el “arco del triunfo” las medidas otorgadas por la CNDH que fueron aceptadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) el pasado 11 de febrero, lo cual constituye un delito.

Subrayó que la Fiscalía debía suspender la investigación que inició de oficio por presunta violencia familiar contra su hijo y su esposa Joseline Zurita, pues afirmó que no cometió el delito, por lo que también denunciará penalmente a funcionarios del Sistema Estatal DIF por no acatar una suspensión concedida, la cual provocará que a más tardar el jueves próximo tenga que separarse del menor.

Vamos a actuar conforme a la ley. Vamos a presentar denuncias penales, nada me ata a eso, sino más bien que vayamos tras los funcionarios responsables hasta las últimas consecuencias. Es el Ministerio Público y el DIF”, sentenció.

CNDH OTORGA MEDIDAS DE PROTECCIÓN

El 4 de febrero la CNDH otorgó medidas de protección a favor de la esposa e hijo del auditor a fin de que la Fiscalía no filtrara información a medios de comunicación y dejara de integrar la carpeta de investigación por violencia familiar, para garantizar la integridad física y proteger la intimidad de la familia, tomando en cuenta la presunción de inocencia del titular de la Auditoría Superior del Estado.

Según el oficio FGE/FEDH/UDM/685/2022, la Unidad de Derechos Humanos de la FGE informó al director general de la Sexta Visitaduría de la CNDH, Armando Hernández Cruz, que habían aceptado las medidas, y a su vez envió el oficio a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género.

La Fiscalía debió abstenerse de seguir impulsando el proceso de oficio, toda vez que la patria potestad del niño la ejerce Joseline Zurita. Además, en todo momento se debió observar lo previsto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como el principio del interés superior del menor.

Al respecto, el auditor aseguró que existe la consigna de suspenderlo definitivamente del cargo, por lo cual ya promueve medidas para evitarlo.

A finales de diciembre de 2021 salió a la luz pública la orden de aprehensión librada por una juez en contra de Romero Serrano por el delito de violencia familiar, y aunque el funcionario estatal negó la existencia de dicho mandamiento judicial, días antes de que se supiera de ello ya había tramitado un amparo.

CAUSAS GRAVES PARA REMOVER AL AUDITOR

En diciembre pasado, el Congreso aprobó reformas constitucionales para poder remover al titular de la Auditoría, exclusivamente por causas graves y por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes.

Entre las causas destacan contravenir los principios a los que se debe ajustar la fiscalización; ausentarse de sus labores por más de un mes sin que medie autorización del Congreso; abstenerse de presentar en el año correspondiente, sin causa justificada, los informes de cuentas públicas; aceptar la injerencia de partidos políticos en la fiscalización, el proceso de revisión de la cuenta pública, así como en los procedimientos de fiscalización e imposición de sanciones.

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