Las denuncias por casos de violencia sexual y de violencia familiar registradas en territorio estatal, que afectan principalmente a las mujeres, crecieron en el primer semestre de 2023 en comparación con el mismo periodo del año pasado.
Las cifras actualizadas de incidencia delictiva de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla revelan que en los primeros seis meses del año, es decir de enero a junio, se iniciaron 6 mil 896 carpetas de investigación para denunciar delitos contra la libertad y seguridad sexual, así como delitos contra la familia, un 6.1 por ciento más que en 2022, cuando se registraron 6 mil 499.
Los delitos contra la familia—la violencia familia, el incumplimiento de obligaciones de asistencia familia y otros delitos— representaron el mayor repunte pues en dicho periodo se denunciaron 5 mil 64 nuevos casos, casi 250 más que los 4 mil 843 del mismo periodo del año pasado.
En el caso de los delitos contra la libertad y seguridad sexual— abuso, acoso u hostigamiento sexual; violación simple y equiparada; así como otros delitos— se reportó la apertura de mil 832 carpetas de investigación, cifra superior a las mil 656 reportadas de enero a junio de 2022.
Desde la perspectiva de Natalí Hernández Arias, directora del Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social A.C. (CAFIS), el hecho de que las víctimas de violencia presenten una denuncia se traduce en un “voto de confianza” hacia las instituciones, por lo que es indispensable que el personal atienda los casos con responsabilidad y actúen sin revictimización, pues éste último es un factor importante para que las sobrevivientes continúen o no con el proceso.
“No sirve de nada que las víctimas denuncien si los casos se quedarán archivados por años o sin que se llegue a sentencias o a una reparación del daño. Es importante considerar que los casos que llegan a denuncia son sólo algunos de los cientos de casos de violencia que pueden ocurrir, donde las víctimas no siempre encuentran mecanismos para la denuncia”, precisó.
Más de la mitad de las denuncias son por violencia familiar
Los datos de la FGE revelan que la violencia familiar representó más de la mitad de las denuncias totales catalogadas contra la familia. De las más de 5 mil denuncias presentadas en el primer semestre del año, el 90.9 por ciento fueron por agresiones familiares, esto significa que hubo 4 mil 607 casos.
- Seguir leyendo Martha de Cos fue violentada por su expareja, un catedrático; exige atención y justicia
En tanto que los 457 casos restantes se registraron entre el incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar y el catalogado como “otros delitos”. En específico, 177 fueron por el incumplimiento en el pago de pensión y los 280 casos restantes fueron para denunciar otro tipo de agresión dentro del círculo familiar.
Abuso sexual y violación con más denuncias
Las denuncias por abuso sexual y las de violación simple presentaron la mayor cantidad de denuncias este año en comparación con el acoso y hostigamiento sexual. El balance de enero a junio de 2023 es de 488 carpetas de investigación por abuso sexual, que equivalen al 26.6 por ciento del total de denuncias por delitos contra la libertad y seguridad sexual.
En el caso de la violación simple se registraron 232 casos, lo que se traduce en el 12. 6 por ciento de los más de mil casos de violencia fuera del núcleo familiar.
Por acoso sexual se acumularon 185 averiguaciones, por hostigamiento sexual 39 denuncias, por violencia equiparada 213 y el resto fueron agrupadas en el rubro de “otros delitos”.
¿Qué pasa con los feminicidios?
Los datos de la Fiscalía General del Estado muestran que en el primer semestre de este año se reportaron 13 mujeres víctimas de un feminicidio en la entidad poblana. En comparación con el mismo periodo de 2022, en el que se registraron 12 feminicidios, se trata de una disminución imperceptible de un caso.
No obstante, algunos especialistas han señalado que existe un subregistro sobre los asesinatos violentos de este sector poblacional, debido a que la clasificación de un feminicidio requiere que los responsables del caso lo cataloguen de inicio como un posible crimen de género.
Inclusive, el Observatorio de Violencia Social y de Género de Puebla (OVSG) a cargo de la Universidad Iberoamericana contabilizaron 30 casos de posibles feminicidios, en el mismo periodo de tiempo.
En este sentido, Hernández Arias consideró que continúa existiendo resistencia para entender que, conforme lo dictó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), todas las muertes violentas de mujeres deben investigarse como probables feminicidios.
Explicó que este tipo de muerte violenta debe analizarte desde una perspectiva de género en el que se tome en cuenta las desigualdades, el contexto y la violencia que pudo estar ocurriendo en el caso para descartar la ocurrencia de un delito, situación que no sucede.
“Ocultar las cifras no es más que una forma absurda de invisibilizar la violencia que diariamente se documenta en distintos espacios, es también una forma de ocultar una realidad de la que necesitamos hablar abiertamente en una discusión pública en la que se involucre a la sociedad y se busquen alternativas para erradicar los feminicidios”, puntualizó.
