Será la autoridad judicial la que determine si puede existir o no actividad comercial en los locales que fueron construidos en distintas áreas verdes de la Central de Abastos, informó el regidor Manuel Herrera Rojas, al tiempo de señalar que el gobierno municipal de Puebla no ha procedido a demolerlas porque existen amparos de por medio.
En entrevista, el también presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo explicó que en el caso de los locales construidos en la primera sección del centro de abastos, el problema data del 2004, cuando el Ayuntamiento en turno autorizó el cambio de uso de suelo del espacio e incluso otorgó escrituras a quien se ostenta como propietario.
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Además, indicó que en el 2005 un juez requirió al Ayuntamiento de Puebla que interviniera para retirar la construcción de dicho espacio, sin embargo hubo omisión por parta de la autoridad en turno y a casi 20 años de distancia se dificulta intervenir porque ya se alegan afectaciones a la certeza jurídica.
Agregó que recientemente el particular construyó los locales y argumenta que tiene derecho a utilizarlos porque cuenta con documentos de la administración pública municipal que amparan el uso del espacio, motivo por el cual el procedimiento jurídico sigue su curso y la comuna no ha podido recuperarlo.
“Nosotros queremos cambiar eso pero es complicado, tendríamos que quitar las escrituras y para quitar las escrituras es complicado porque le quitas el derecho, entonces es un problema muy grande, por eso hemos hecho visitas pero ellos si tienen sus papeles”, acotó.
Añadió que hay otros 20 locales construidos en la segunda sección de la central que invaden el espacio de uso común y además están sobre ductos de Pemex, motivo por el que la autoridad judicial ya había autorizado al ayuntamiento su demolición, no obstante, los dueños recurrieron a un amparo para evitarlo.
“En esos si el juez determina que el amparo no procede, se van a demoler (…) cuando íbamos a entrar se ampararon y hoy está corriendo un amparo qué hay que ver la resolución del juez, si lo acepta o no, el Ayuntamiento no puede llegar y tirar porque estaríamos cayendo en un delito grave”, dijo.
Finalmente, señaló que no hay fecha para darle solución al conflicto, ya que dependerá de los procesos legales y de los recursos que interponga la parte demandada para defender los espacios.
