.jpg "El gobierno municipal de Puebla ha obtenido poco más de 11 millones de pesos mensuales por concepto del Derecho de Alumbrado Público (DAP).jpg")
El gobierno municipal de Puebla ha obtenido poco más de 11 millones de pesos mensuales por concepto del Derecho de Alumbrado Público (DAP), luego de que obtuvo autorización para cobrarlo a partir de este año, informó la Tesorera del Ayuntamiento, María Isabel García Ramos, quien reiteró que la meta es recaudar hasta 140 millones en el año.
En entrevista, mencionó que la comuna obtiene los recursos bimestralmente, de tal forma que son aproximadamente 22 millones de pesos los que ingresan a las arcas municipales por el DAP, aunque no necesariamente llegan conforme al bimestre cobrado a los usuarios por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya que existe un desfase.
“El primer bimestre que nos cobraron fue el segundo que es marzo - abril, ellos los cobran en mayo y a nosotros nos lo depositaron en junio, entonces ya va normal la recaudación y aunque no tengo el dato acá me parece que mensualmente son 11.5 millones de pesos”, precisó.
Por los motivos expuestos, la Tesorera señaló que la proyección de recaudar hasta 140 millones de pesos a partir del cobro del derecho se alcanzará hasta principios del 2024, una vez que la CFE realice los pagos correspondientes al último bimestre del año.
García indicó que los recursos económicos percibidos a través del cobro del DAP ya están incluidos en el presupuesto de egresos de este año del Ayuntamiento, es decir que, ya se tiene previsto en que serán utilizados y, tal como se afirmó por el edil Eduardo Rivera Pérez, servirán para fortalecer temas de seguridad pública y servicios.
Finalmente y cuestionada sobre los trabajos para la elaboración del presupuesto de ingresos para el próximo año, informó que en el mes de septiembre estarán listos los anteproyectos de las distintas dependencias, a fin de integrar y presentar la propuesta en octubre conforme marca la ley.
Es importante precisar que el cobro del DAP se retomó este año en la capital poblana después de que en 2021 y 2022 se eliminó de la política fiscal porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo declaró inconstitucional, aunque posteriormente rectificó al considerar que los criterios establecidos en las fórmulas para tal fin no son violatorios.
