/ viernes 10 de julio de 2020

Bajo la lupa gobiernos de Puebla, investiga Inteligencia Financiera presuntas operaciones ilícitas

Están en revisión pasados ejercicios fiscales del estado al igual que las finanzas de 20 municipios

La Auditoría Superior del Estado (ASE) de Puebla y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigan la ruta del dinero de probables operaciones financieras ilícitas de ejercicios fiscales anteriores del Gobierno del Estado y 20 municipios de la entidad.

El órgano fiscalizador dio a conocer que está en proceso de suscribir convenios con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que dirige Santiago Nieto Castillo, y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para combatir la opacidad en el manejo de los recursos públicos y que las instancias competentes promuevan y en su caso determinen las responsabilidades a servidores públicos, particulares y empresas que hayan incurrido en alguna anomalía.

En un comunicado explicó que derivado de las investigaciones de emisión de facturas que contienen operaciones financieras presuntamente ilícitas de ejercicios fiscales anteriores del gobierno estatal y 20 alcaldías presentó denuncias ante la Fiscalía General del Estado.

Con dichos convenios entre la UIF y el SAT, la ASE aportará información de presuntas irregularidades en el gasto público, generando un entorno que impulse el fortalecimiento de las instituciones, así como la eficiencia y eficacia en el quehacer gubernamental.

Por ello requirió que las instancias federales y estatales se coordinen con la finalidad de alcanzar estrategias conjuntas que den efectividad a esta problemática social.

El 16 de junio, el auditor Francisco Romero Serrano informó que habían detectado casos de facturación apócrifa en 21 ayuntamientos, tras la revisión practicada a las cuentas públicas de 2018 y 2019 cuyos informes entregó a la Comisión Inspectora del Congreso.

Otras irregularidades encontradas son en el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee) y la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla (CEASPUE), por la presunta adquisición de servicios de proveedores no localizables o “fantasma”, boletinados por la Secretaría de Hacienda.

En ese sentido, informó que la Auditoría investiga los recursos públicos que el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido ejerció para el saneamiento del río Atoyac, revisión que inició tras una denuncia y cuyos resultados se darán a conocer en este mes de julio.


La Auditoría Superior del Estado (ASE) de Puebla y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigan la ruta del dinero de probables operaciones financieras ilícitas de ejercicios fiscales anteriores del Gobierno del Estado y 20 municipios de la entidad.

El órgano fiscalizador dio a conocer que está en proceso de suscribir convenios con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que dirige Santiago Nieto Castillo, y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para combatir la opacidad en el manejo de los recursos públicos y que las instancias competentes promuevan y en su caso determinen las responsabilidades a servidores públicos, particulares y empresas que hayan incurrido en alguna anomalía.

En un comunicado explicó que derivado de las investigaciones de emisión de facturas que contienen operaciones financieras presuntamente ilícitas de ejercicios fiscales anteriores del gobierno estatal y 20 alcaldías presentó denuncias ante la Fiscalía General del Estado.

Con dichos convenios entre la UIF y el SAT, la ASE aportará información de presuntas irregularidades en el gasto público, generando un entorno que impulse el fortalecimiento de las instituciones, así como la eficiencia y eficacia en el quehacer gubernamental.

Por ello requirió que las instancias federales y estatales se coordinen con la finalidad de alcanzar estrategias conjuntas que den efectividad a esta problemática social.

El 16 de junio, el auditor Francisco Romero Serrano informó que habían detectado casos de facturación apócrifa en 21 ayuntamientos, tras la revisión practicada a las cuentas públicas de 2018 y 2019 cuyos informes entregó a la Comisión Inspectora del Congreso.

Otras irregularidades encontradas son en el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee) y la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla (CEASPUE), por la presunta adquisición de servicios de proveedores no localizables o “fantasma”, boletinados por la Secretaría de Hacienda.

En ese sentido, informó que la Auditoría investiga los recursos públicos que el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido ejerció para el saneamiento del río Atoyac, revisión que inició tras una denuncia y cuyos resultados se darán a conocer en este mes de julio.


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