Regular y tabular los ingresos de los abogados para evitar abusos e imponer cárcel a los notarios que comentan actos de corrupción forman parte de las iniciativas de reforma que mandó el Gobierno del Estado al Congreso de Puebla para que inicie su discusión y posterior aprobación.
El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta envió a la LXI Legislatura un paquete de iniciativas cuya intención es evitar los abusos que cometen abogados en material civil, mercantil, familiar, laboral o los que se equiparen y las irregularidades de notarios en términos económicos.
El jefe del Ejecutivo en el estado envió una iniciativa para la creación de la Ley de Aranceles para el Cobro de Honorarios de los Abogados o Licenciados en Derecho del Estado de Puebla, que plantea organizar el cobro de los honorarios de los profesionales en la materia.
En esta propuesta se incluye que los letrados que cuenten con un grado de estudios superior a la licenciatura, podrán aumentar las tarifas señaladas para el cobro de honorarios de la siguiente manera: Por cada diploma de especialidad registrado, podrán aumentar uno por ciento; mientras que, por cada título y cédula profesional de maestría el incremento será del dos por ciento y por cada título y cédula profesional de doctorado, un alza del tres por ciento.
En específico sobre el cobro, la ley establece que, por lectura y análisis de documentos de hasta 10 hojas, la cantidad de cobro es de 5 UMA, que se traduce en 481 pesos; en caso de exceder dicha cantidad, se cobrará 5 por ciento de la cantidad señalada, por cada hoja.
Por cada escrito de cualquier índole, se cobrará la cantidad de 5 a 20 UMA, de 481 pesos a mil 924 pesos, tomando en cuenta su extensión e importancia; Por cada citación, emplazamiento, requerimiento, notificación, diligencia de exhortos y/u oficios, se cobrará la cantidad de hasta 20 UMA, mil 924 pesos, y por el desahogo de pruebas de todo tipo, se cobrará la cantidad de hasta 100 UMA, 9 mil 622 pesos, tomando en cuenta su extensión e importancia.
En tato que, por la asistencia e intervención a la primera junta, audiencia y/o cualquier otra diligencia, ante cualquier persona o autoridad, se cobrará el uno por ciento de las prestaciones reclamadas y por las subsecuentes el .5 por ciento.
Además, cuando el abogado a solicitud del interesado salga de su lugar de residencia con motivo de prestar sus servicios, además de los honorarios que señalan las disposiciones de esta ley, deberá pagar la cantidad de 10 a 30 UMA, que representa 962 pesos a 2 mil 886 pesos, desde el día de su salida hasta el día de su regreso, así como los gastos de transporte, hospedaje, alimentación y estancia del profesional.
También se establece el pago de servicios en el Sistema Mixto o Tradicional y en Procesal Penal Acusatorio, que van desde 70 a 170 UMA, 6 mil 735 pesos hasta 16 mil 357 pesos, en el primer sistema, y de 120 a 600 UMA, 11 mil 546 pesos a 57 mil 732 pesos, en el segundo, dependiendo el caso.
A ello se suma que, en caso de que el representante del negocio muera, los honorarios pendientes de pago podrán ser reclamados para su cobro por los legítimos representantes o herederos.
Hay que recordar que el 16 de febrero de esta año, Barbosa Huerta mencionó su intención de regular los honorarios de abogados, pues opinó que los profesionales cobran más del 50 por ciento de dinero que obtiene la persona demandante en ciertos casos, lo que calificó como ilegal. Dicha intención se materializó este 9 de junio al presentar la propuesta de ley.
SANCIÓN A NOTARIOS
Además de esta iniciativa, el mandatario envió una reforma a la Ley del Notariado y al Código Penal del Estado, con el fin de evitar acciones irregulares dentro de las Notarías de la entidad.
Dicha iniciativa propone castigar con prisión de uno a cinco años de cárcel y multas de cien a quinientas UMA, es decir, de 9 mil 622 a 48 mil 110 pesos al que no desempeñe personalmente sus funciones y su actividad notarial; o permita la suplantación de su persona, firma o sello.
Asimismo, se castigará a quien actúe en folios que no fueron autorizados por la autoridad notarial, o que los mismos no tengan una secuencia y se ejecuten sin el conocimiento de la autoridad notarial; o a quien provoque dolosamente la nulidad de un instrumento o testimonio y cause daño o perjuicio directo a los prestatarios o destinatarios.
A quien impida que se lleven a cabo las visitas ordinarias, extraordinarias, inspección o especiales; incumpla con el pago de los impuestos y derechos que se otorguen conforme a la normatividad aplicable; u omita agregar al apéndice de los instrumentos copia o impresión de las transferencias bancarias o cheques por el pago de las operaciones traslativas de dominio o constitución de derechos reales de inmuebles.
También se castigará a quien omita identificar dentro del Instrumento Notarial la forma en que se pague la transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles.
Hay que recordar que desde 2018 se habían detectado presuntas irregularidades, ya que el director de Archivos y Notarías del Gobierno del Estado, Mauricio García León, fue separado del cargo, por órdenes del secretario General de Gobierno (SGG), Diódoro Carrasco, ya que era investigado por presuntamente estar relacionado con la entrega de una patente notarial de manera irregular.
Además, en dicho año, el Congreso del Estado aprobó las reformas realizadas a la ley de Notariado del Estado de Puebla, con la cual se pretendía frenar la entrega de notarías a final de sexenio como regalo a los incondicionales del gobernador saliente y se exhortó al entonces mandatario, Antonio Gali Fayad, para detener el proceso de cinco nuevas notarías que estaban en curso.
