Cuatro derechos humanos fueron los que se vulneraron en el caso del bebé Tadeo, cuyo cuerpo fue ingresado el pasado 9 de enero al CERESO de San Miguel. Como acción reparativa, la Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDH) solicitó al Estado poblano brindar atención psicológica, así como una compensación económica a sus padres.
Fue este 13 de mayo cuando el titular de la CDH Puebla, José Félix Cerezo Vélez, y el cuarto visitador general, Iván Andrés Flores Cano, presentaron las recomendaciones que el instituto garante de los DDHH en la entidad emitieron hacia las autoridades del gobierno estatal. Lo anterior, en relación al proceso ministerial en sobre el caso del cadáver de un menor que fue sustraído de un panteón en la Ciudad de México y llevado hasta el Centro de Readaptación Social (CERESO) de San Miguel, en el estado de Puebla.
Durante la presentación que tuvo lugar en la sede del organismo, acudieron también Karina Ayala Peralta y Juan Ramón Martínez González, padres del bebé.
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En ese tenor, como resultado de las investigaciones realizadas por la CDH, se determinó que fueron cuatro los DDHH que fueron vulnerados, tanto en agravio del menor como de sus padres, siendo estos: seguridad jurídica, legalidad, acceso a la verdad y trato digno del cuerpo del infante.
En voz de Cerezo Vélez, se determinó que el personal custodial de ese centro penitenciario fue omiso de cumplir con sus funciones el pasado 9 de enero, pues ignoraron la revisión de una bolsa negra que cargaba una persona que visitó el lugar, en el que presuntamente se encontraba el cadáver en cuestión.
Reveló que, posterior al ingreso de esta persona, la bolsa fue entregada a una persona privada de su libertad quien resguardó el paquete por unas horas y posteriormente lo entregó a otra persona, quien terminó por dejar la bolsa y su contenido en un contenedor de basura en el área de talleres del CERESO.
Aún cuando todo esto ocurrió, ninguno de los funcionarios públicos encargados de la seguridad del lugar inspeccionaron el objeto referido, explicó por su parte Iván Flores. Agregó que, como parte de las visitas que se realizaron al interior y exterior del CERESO, destacó que, al momento de solicitar los videos de seguridad, los mismos no fueron entregados por la autoridad competente.
En ese sentido, el organismo estableció en su resolución 10/2022, una serie de recomendaciones dirigidas a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del gobierno estatal, las cuales se enfocan principalmente en la reparación del daño económico y psicológico, revisión de la infraestructura de seguridad, y cumplimiento del debido proceso judicial y ministerial. Sobre esto último, la recomendación se hizo también a la Fiscalía General del Estado (FGE).
Respecto al monto del reparo económico, Cerezo Vélez indicó que no existe una cantidad, al menos no una que haya recomendado ese organismo, por lo que es la SSP quien determinará el monto. Refirió que la autoridad tiene un periodo de 15 días para emitir una respuesta al documento que les fue entregado ese mismo día. No obstante, aseguró que cuenta con la seguridad de que las mismas serán atendidas por el gobierno estatal.
Por su parte, al ser cuestionado de si la acción de destituir al exdirector del penal fue beneficioso para la impartición de justicia, el titular de la CDH dijo que la modificación fue efectiva, pues defendió que, desde que la nueva dirección tomó posesión del lugar, se instalaron 30 cámaras de videovigilancia.
