La CNDH promovió una acción de inconstitucionalidad por la Ley del Servicio de la Defensoría Pública de Puebla, debido a que el organismo consideró que el Congreso local transgredió los derechos de los discapacitados, pues no fueron consultados en las modificaciones de dicha ley.
La Ley en cuestión dice que “toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”, pero si la persona inculpada es indígena y tiene una discapacidad auditiva o visual, podrá “solicitar un intérprete de lengua de señas mexicana o la emisión de documentos en sistema de escritura Braille”.
Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos esta modificación viola la consulta previa, estrecha y activa de las personas con discapacidad, ya que están dirigidas específicamente a los indígenas y a las personas con problemas visuales-auditivos, cuando las discapacidades no sólo se centran en esas dos. Es decir, que nuevamente los están excluyendo, así como marginando.
En el documento, la Comisión advirtió que el Congreso de Puebla no llevó a cabo la consulta a ese sector de la población, incluso enfatizó lo siguiente: “El legislador poblano estaba obligado a consultarles a fin de conocer sus necesidades, opiniones o propuestas y al no llevar a cabo dicha actividad participativa, el contenido de todo el decreto deviene inconstitucional por el incumplimiento del mandato previsto en el artículo 4.3 de la Convención sobre los derechos de la Personas con Discapacidad”.
Si bien, el Organismo nacional reconoció la labor del Congreso poblano por garantizar los derechos humanos de las personas discapacitadas, cree que esta ley no es respetuosa del andamiaje constitucional en materia de discapacidad.
La CNDH conminó a los legisladores poblanos a cambiarla, pero a su vez, pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declararla inválida por lo antes mencionado. El documento está asentado con el número 68/2022, su estado procesal está en trámite y pendiente por resolver.
Fue el pasado 11 de marzo cuando la Comisión de Procuración y Administración de Justicia aprobó la iniciativa de acompañamiento para las personas usuarias de la defensoría pública estatal y que vivan con alguna discapacidad auditiva o visual.
La propuesta fue presentada por la diputada Olga Lucía Romero Garci Crespo, el pasado 25 de noviembre de 2021. La misma recibió las adhesiones de los grupos parlamentarios de Morena y del Partido del Trabajo (PT), así como de las legisladoras panistas, María Guadalupe Leal Rodríguez, Aurora Guadalupe Sierra Rodríguez y Erika Patricia Valencia Ávila.
