El gobernador Miguel Barbosa envió al Congreso del Estado una iniciativa para que los auditores externos sean contratados por la Auditoría Superior del Estado (ASE) y no por los Ayuntamientos y las entidades fiscalizadas como ocurre actualmente, por lo que el personal del órgano fiscalizador se encargará de las auditorías, visitas domiciliarias e inspecciones.
Se trata de reformar y adicionar la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado para que los auditores externos sean contratados por la ASE para auxiliarla en las funciones que le competen. Esto también aplica para los profesionistas independientes, personas físicas o jurídicas, instituciones públicas o privadas que sean contratados por ella.
El documento enviado por el gobernador refiere que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla establece que la Secretaría de la Función Pública cuenta con facultades de designar, evaluar y remover a los auditores externos, así como normar y controlar su desempeño para la fiscalización externa en dependencias y entidades.
Sin embargo, la iniciativa de Miguel Barbosa pretende adecuar el marco normativo limitando las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública.
Además, los profesionistas independientes, auditores externos, personas físicas o jurídicas, instituciones públicas o privadas serán responsables de los daños o perjuicios que se ocasionen, sin perjuicio de las responsabilidades penales en que incurran.
Las auditorías, visitas domiciliarias e inspecciones que se realice a las entidades fiscalizadas se practicarán por el personal de la ASE designado o habilitado siempre y cuando no exista conflicto de interés, con excepción de aquellas en las que se maneje información en materia de seguridad pública del Estado o se trate de investigaciones relacionadas con responsabilidades administrativas las cuales hará directamente la ASE.
La justificación del gobernador Miguel Barbosa es identificar riesgos de corrupción en las distintas etapas de la gestión pública a fin de prevenir y reducir los márgenes de discrecionalidad en la toma de decisiones o el uso inadecuado de los recursos públicos.
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