Todos los custodios del penal de San Miguel cuentan con sus exámenes de control de confianza, sin embargo, si resultan implicados en el caso del bebé que fue hallado sin vida se les fincarán responsables, declaró el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, quien calificó el hecho como un acto satánico.
En su habitual conferencia matutina, el mandatario dijo que todos los custodios de los penales, no sólo de San Miguel cuentan con los exámenes de control de confianza, pues es un requisito para obtener dicho empleo. No obstante, si llegan a estar involucrados en el caso del recién nacido se investigarán.
“Sí, todos tienen su control de confianza (…) y lo del niño no es un asunto que se haya mantenido oculto (…) desde que ocurrió se le da seguimiento y estoy pendiente (…) eso se aclarará pronto y vamos a fincar responsabilidades contra todos los que permitieron la entrada del bebé, en qué condiciones, quiénes son los papás y todo lo que pasó alrededor de este inocente que fue parte de un abuso satánico por parte de los que lo rodearon”, declaró.
Aprovechó para descartar un endeudamiento en el estado por más de 20 mil millones de pesos como parte de la propuesta que hizo una empresa para construir un penal; Barbosa dijo que su administración busca fondear con dinero propio la edificación de un reclusorio que divida al de San Miguel y el costo aproximado será de 2 mil millones.
“Se me acercaron empresas encargadas de desarrollar este tipo de construcción de reclusorios por vías de PPS y APP y ¿saben de cuánto es la deuda que se cargaría para el Gobierno de Puebla por el tiempo que duraría el pago?, más de 20 mil millones (…) la cantidad es inmoderada porque ellos son los que se encargan de operar el reclusorio y de todo y le imponen al Estado una deuda, entonces les dije que no, conmigo no cuenten con ese tipo de proyectos”, declaró.
El motivo por el cual la administración buscará que dicha acción sea con recursos propios es porque no hay una partida de la federación destinada para la construcción de penales. En lo único que están apoyando en este rubro es al traslado de reclusos a penales federales.
“Cuando los reclusos se vuelven muy peligrosos o muy controladores e intentan hacer cosas indebidas, se les manda a otro reclusorio y ahí siguen sus procesos de manera adecuada”, concluyó.
