/ domingo 22 de septiembre de 2019

Tras absolver a presos políticos se debe castigar a quienes les fabricaron delitos: activistas

Sólo así habrá verdadera justicia, señalan 

Aunque en los próximos días serán liberados los presos políticos con el decreto que emitió el gobernador Miguel Barbosa, se debe castigar a los funcionarios y operadores que les fabricaron delitos y los mantuvieron en prisión, pues sólo así se logrará darles justicia.

Así lo manifestaron los integrantes del Comité para la Liberación de los Presos Políticos, Samuel Porras Rugerio y Carolina González Barranco, quienes consideraron que las personas procesadas por ser opositoras deben tener justicia, pues perdieron su tiempo, salud y dinero mientras estuvieron en prisión.

Carolina González expresó que con el castigo a los funcionarios que participaron en la privación de la libertad, también se van a subsanar los daños cometidos contra personas inocentes, ya que muchos de los servidores públicos que participaron continúan en funciones.

“No solamente debe ser el tema de la disculpa pública y todo esto que está alrededor sino también el castigo a los responsables, porque son personas, muchas de ellas, que siguen en funciones, es decir, mientras la salud regresa al mismo punto, la economía de quienes estuvieron presos, pues muchos de los funcionarios siguen vigentes como si nada hubiera pasado”, apuntó.

Durante rueda de prensa, Carolina González detalló que durante el gobierno de Rafael Moreno Valle y el de Antonio Gali Fayad, más de 360 personas fueron vejadas en sus derechos humanos, perseguidas políticas y prisioneras, en ese sentido, debe garantizarse la justicia.

Carolina González y Samuel Porras pusieron énfasis en la participación de personajes como el titular de la Fiscalía General del Estado, Víctor Carrancá Bourget; el ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, Roberto Flores Toledano; así como funcionarios y ex funcionarios de la Secretaría de Gobernación, jueces y agentes del Ministerio Público.

La activista hizo un recuento de los casos más representativos de la “represión” y de quienes fueron presos políticos como el integrante de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre, Rubén Sarabia “Simitrio” y Francisco Castillo Montemayor, así como los opositores a la construcción de gasoductos e hidroeléctricas.

Aunque en los próximos días serán liberados los presos políticos con el decreto que emitió el gobernador Miguel Barbosa, se debe castigar a los funcionarios y operadores que les fabricaron delitos y los mantuvieron en prisión, pues sólo así se logrará darles justicia.

Así lo manifestaron los integrantes del Comité para la Liberación de los Presos Políticos, Samuel Porras Rugerio y Carolina González Barranco, quienes consideraron que las personas procesadas por ser opositoras deben tener justicia, pues perdieron su tiempo, salud y dinero mientras estuvieron en prisión.

Carolina González expresó que con el castigo a los funcionarios que participaron en la privación de la libertad, también se van a subsanar los daños cometidos contra personas inocentes, ya que muchos de los servidores públicos que participaron continúan en funciones.

“No solamente debe ser el tema de la disculpa pública y todo esto que está alrededor sino también el castigo a los responsables, porque son personas, muchas de ellas, que siguen en funciones, es decir, mientras la salud regresa al mismo punto, la economía de quienes estuvieron presos, pues muchos de los funcionarios siguen vigentes como si nada hubiera pasado”, apuntó.

Durante rueda de prensa, Carolina González detalló que durante el gobierno de Rafael Moreno Valle y el de Antonio Gali Fayad, más de 360 personas fueron vejadas en sus derechos humanos, perseguidas políticas y prisioneras, en ese sentido, debe garantizarse la justicia.

Carolina González y Samuel Porras pusieron énfasis en la participación de personajes como el titular de la Fiscalía General del Estado, Víctor Carrancá Bourget; el ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, Roberto Flores Toledano; así como funcionarios y ex funcionarios de la Secretaría de Gobernación, jueces y agentes del Ministerio Público.

La activista hizo un recuento de los casos más representativos de la “represión” y de quienes fueron presos políticos como el integrante de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre, Rubén Sarabia “Simitrio” y Francisco Castillo Montemayor, así como los opositores a la construcción de gasoductos e hidroeléctricas.

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