La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) destacó el deterioro ambiental por causa de la contaminación del agua, que disminuye su calidad, daña ecosistemas y a la salud humana en Puebla y Tlaxcala, en específico por la situación de los ríos Atoyac y Xochiac y sus afluentes.
A través del informe anual de labores 2017, el organismo señaló que, esta problemática se expresó en la Recomendación 10/2017, donde la distribución de agua potable enfrenta falta de recursos financieros para la ampliación de la infraestructura, la rehabilitación y el mantenimiento de sus redes de alcantarillado, de distribución, así como de drenaje.
“No obstante estas necesidades apremiantes, el presupuesto federal para atender tales rubros se ha ido reduciendo constante y progresivamente desde el 2012 a la fecha”, indicó y añadió que por eso recomendó establecer como requisito indispensable para las personas usuarias que descarguen sus aguas residuales en dichos cuerpos de agua, la construcción, el mantenimiento periódico y la adecuada operación de las plantas de tratamiento de aguas, con la finalidad de mejorar los procesos para el tratamiento de las aguas residuales.
El documento expuso que los altos costos de la energía eléctrica y de los reactivos químicos utilizados para el tratamiento de las aguas afectan también y de manera directa a las comunidades que habitan cerca de estos ríos.
La contaminación se debe, según resaltó el documento, por la descarga en los cuerpos receptores del caudal de aguas residuales sin tratamiento, por los municipios y las industrias, así como al uso de fertilizantes y plaguicidas en la agricultura, a la inadecuada recolección y disposición de los residuos sólidos municipales e industriales, y al acelerado proceso de erosión causado por prácticas inadecuadas en las actividades agropecuarias y silvícolas.
“El Estado debe garantizar el pleno goce y disfrute de los derechos que se materializan mediante la provisión de servicios, como es el caso del acceso al agua y al saneamiento, el transporte, entre otros, por lo que la ausencia de un proceso integral de armonización no es obstáculo para que las autoridades cumplan con las obligaciones constitucionales de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”, señaló a través del documento presentado ayer.
