El Congreso del Estado elevó en 3 millones 518 mil 750 pesos el gasto para Servicios Personales (nómina), con lo que no se apegó a lo presupuestado durante el ejercicio fiscal 2018, revela el tercer informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El órgano de fiscalización expone que para el ejercicio fiscal 2018 el Legislativo programó un presupuesto de 92 millones 25 mil pesos para el rubro de Servicios Personales, pero terminó por ejercer 95 millones 544 mil pesos, sin justificar la razón por la que elevó el gasto para nómina.
En la auditoría, se detalla que el Congreso asignó un presupuesto inferior al acuerdo de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que es de 99 millones 948 mil pesos; pero no estableció montos mínimos y máximos al fijar el presupuesto de 92 millones 25 mil pesos.
“Para que el H. Congreso del Estado de Puebla aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 3,518,750.04 pesos (tres millones quinientos dieciocho mil setecientos cincuenta pesos 04/100 M.N.), por concepto de incrementar el capítulo 1000 "Servicios Personales", respecto de la asignación aprobada en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018”, solicitó la ASF.
Además de esa inconsistencia, se precisa que el Congreso del Estado no siguió los formatos del Consejo Nacional de Armonización Contable al publicar las proyecciones de ingresos y gastos; y se presentó de forma errónea el Balance Presupuestario y el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, por lo que se promovió un expediente para determinar probables responsabilidades administrativas contra los funcionarios encargados.
Derivado de la revisión que realizó la ASF, se determinó que el balance del presupuesto del Congreso fue sostenible, ya que tuvo ingresos totales por 176 millones 313 mil pesos y al cierre del año ejerció 174 millones 295 mil pesos, es decir, tuvo un remanente de 2 millones 17 mil pesos.
Por lo anterior, la Auditoría expuso que el Congreso local realizó una gestión razonable de los recursos de conformidad con la legislación aplicable, con excepción de las inconsistencias ya mencionadas que podrán solventarse y aclararse por la institución fiscalizada.
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