En el informe que entregó el gobierno estatal a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) como parte del cumplimiento de medidas para la Alerta de Género, se declaran asignaciones económicas por 31 millones 634 mil 638 pesos que se invirtieron en la implementación de programas y fortalecimiento de instituciones.
El documento indica que, conforme a las medidas solicitadas por la Conavim, para el fortalecimiento de áreas en la Fiscalía General del Estado (FGE) se otorgaron 8 millones 100 mil pesos y 300 mil pesos más para otorgar cursos al personal en materia de feminicidio y desaparición de personas.
El Tribunal Superior de Justicia tuvo una asignación de 5 millones 454 mil 138 pesos para fortalecer sus áreas de defensoría, 280 mil 706 pesos para reforzar los servicios del Servicio Médico Forense (SEMEFO), así como habilitar un Centro de Identificación Humana por 3 millones de pesos.
La Secretaría de Salud implementó un programa llamado Talleres de Reflexión para Hombres, que se plantearon en los municipios con Alerta de Género, para estas acciones, la dependencia solicitó 2 millones 500 mil pesos con el fin de ampliar la cobertura.
En el documento enviado por el estado en el mes de octubre del 2019, no se detallan asignaciones para los 50 municipios en los que se declaró la Alerta de Género desde abril del año pasado y tampoco se destacan las erogaciones con recursos ordinarios para cumplir con las medidas que se implementaron en la administración interina de Guillermo Pacheco Pulido y la de Miguel Barbosa Huerta.
En ese sentido, el informe destaca que distintas acciones se realizaron con recursos del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), no obstante, sólo se destaca la vigilancia en el ejercicio de dos rubros, como el fortalecimiento de áreas sustantivas del extinto Instituto Poblano de las Mujeres (IPM), para lo que se ejercieron 137 mil 500 pesos y el reforzamiento del refugio para mujeres, con 223 mil pesos.
Para realizar diagnósticos y acciones en materia de trata de mujeres, el gobierno del estado asignó 420 mil pesos. Asimismo, el informe considera entre las acciones de para la Alerta de Género la puesta en marcha de la Comisión Estatal de Búsqueda, para la cual la federación asignó 10 millones de pesos y el gobierno local un millón de pesos.
Aunque se encuentra en el informe una asignación de 220 mil pesos para elaborar un diagnóstico del ciclo vital de las mujeres que ejercen trabajo sexual, la administración ya no contaba con el tiempo suficiente para realizarlo, por lo que tenía previsto devolver los recursos al Instituto Nacional de las Mujeres.
EMITEN MÁS DE 6 MIL ÓRDENES DE PROTECCIÓN
Entre los rubros que destaca la administración en el informe, se encuentra la emisión de 6 mil 303 órdenes de protección a favor de mujeres víctimas de violencia, esta cifra comprende del 1 de enero al 17 de septiembre del 2019 y en esta última fecha, continuaban vigentes mil 510.
Asimismo, en las acciones realizadas para cumplir con las medidas de la Conavim, se otorgó apoyo para refugio a 26 mujeres, 24 niñas y 24 niños en situación de violencia extrema, esto durante el primer semestre del 2019. De igual forma se proporcionaron mil 4 atenciones jurídicas y psicológicas a mujeres en situación de violencia extrema.
La Fiscalía General del Estado (FGE) agrega que durante los años 2018 y 2019 se identificaron en las carpetas de investigación 67 niños y adolescentes, hijos de mujeres víctimas de feminicidio, de los que 14 son mujeres, 42 hombres y 11 que no tienen el género definido; no obstante, menos de una decena recibieron atención psicológica, médica, asesoría jurídica y acceso a alimentos.
Además de las modificaciones legislativas sugeridas por la administración, la FGE actualizó los protocolos de atención de la violencia contra las mujeres, mismos que se encuentran en vigor desde el año pasado.
Aunque no se destaca la participación de los municipios en el cumplimiento de la Alerta de Género, se incluyen los convenios firmados entre el gobierno y los municipios para el programa “Uno más Uno” para acciones en combate al rezago social y presupuestos con perspectiva de género.
