Por mayoría de votos a favor, el Cabildo de Puebla aprobó la noche de este viernes instruir a la Tesorería Municipal para que se otorgue una ampliación presupuestal para el proceso de entrega- recepción, el cual sobrepasa los 14 millones de pesos, por lo que fue criticado por algunos regidores del denominado G5.
Fue durante sesión extraordinaria de Cabildo en donde se avalaron los puntos, el primero referente a 7 millones de pesos para los gastos que se puedan generar durante el proceso de entrega- recepción de la actual administración encabezada por Claudia Rivera Vivanco y la entrante de Eduardo Rivera Pérez.
Mientras que 7 millones más son para la creación de la Comisión Administrativa de Transición. Además de que con 19 votos a favor y cinco abstenciones se avaló la contratación de un auditor externo que dictaminará los estados financieros del Ayuntamiento de Puebla para el ejercicio fiscal 2021, esto por la cantidad de cuatro millones 900 mil pesos.
No obstante, estos puntos fueron criticados por los integrantes del denominado G5, tales como Roberto Eli Esponda y Edson Armando Cortés Contreras, quienes señalaron una política burgués, pues recordaron el lema de austeridad, el cual va de la mano con la Cuarta Transformación.
A decir de Esponda Islas, serán cerca de 20 millones los que se invertirán para el cambio de administración municipal, lo que refirió es una mala decisión, pues en medio de la pandemia esto podría direccionarse a otros temas, mientras que recordó que al llegar a la administración, solo se utilizaron 2 millones para dicho proceso de entrega- recepción.
"Este proceso es mucho dinero y es de un gobierno burgués, cuando se rechazó el presupuesto de dos millones de pesos que nos dejó la anterior administración, pues son 14 millones más un presupuesto adicional para la contratación de un despacho externo para que se haga cargo, dando un total de casi 20 millones de pesos", dijo.
Finalmente exhortaron a no adquirir los servicios de despachos poco profesionales, pues el que se debe contratar deberá cumplir con los lineamientos que establece la Auditoría Superior del Estado (ASE).
