Para reforzar la “Ley Malena” que castiga como tentativa de feminicidio los ataques con ácido en el estado de Puebla, la diputada local de Morena, Karla Martínez Gallegos, presentó una propuesta de reforma con el fin de que las víctimas tengan acceso de manera gratuita a cirugías reconstructivas, una petición que hicieron María Elena Ríos, Esmeralda Millán y Carmen Sanchez, todas sobrevivientes de violencia con una sustancia corrosiva.
El jueves 2 de marzo del año en curso se aprobó la denominada “Ley Malena” o “Ley Ácida” que presentaron por separado el diputado local del PRI, Néstor Camarillo Medina, Aurora Sierra Rodríguez y Mónica Rodríguez Della Vecchia, ambas del PAN, así como Tonantzin Fernández de Morena.
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Sin embargo, ante los ojos de las sobrevivientes, el aval de la normativa únicamente fue el primer paso para atender a dicho sector de la población porque se debería crear un esquema de reparación integral para las personas que han sido víctimas de ese tipo de agresión.
Ante esto, la diputada de la fracción parlamentaria del partido de izquierda fue la primera en presentar una propuesta de reforma en dicho tema. Las modificaciones planteadas son al artículo 6, 31 y 33 de la Ley de Víctimas del Estado de Puebla. Según el documento, el gobierno estatal y los 217 ayuntamientos estarán obligados a otorgar los servicios de asistencia médica.
“Además, en caso de víctimas de lesiones inferidas con ácido o sustancias similares, dada su composición y efectos, se garantizará su derecho a cirugías reconstructivas”.
En los argumentos expuso que la mayoría de sobrevivientes no pueden acceder a los tratamientos médicos para curar las quemaduras y heridas físicas que provocan las agresiones químicas por tratarse de servicios altamente costosos.
Señaló que en Puebla se han documentado 11 casos por dichas agresiones del 2016 al 2021 porque según cifras de la Fiscalía General del Estado (FGE) se abrieron 11 carpetas de investigación por dicho tipo de violencia.
La propuesta de la diputada morenista fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis y posible aprobación.
Se espera que los impulsores presenten otras propuestas sobre los tratamientos para las víctimas de dichas agresiones porque así lo adelantaron en entrevistas anteriores.
