El Sindicato Único de Trabajadores del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, creado por el exedil panista Leoncio Paisano, se doblegó ante el gobierno de la morenista Karina Pérez Popoca luego de que ambas partes firmaran- en el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla- las condiciones generales de trabajo, con las que disminuyen de 29 a 10 las prestaciones de los trabajadores.
El secretario de Gobernación municipal, Sergio Mirón Terrón, explicó que las prestaciones con las que se formó este gremio eran “inalcanzables” pues le representaban al gobierno municipal una inversión de 600 millones de pesos por los tres años.
Refirió que actualmente las prestaciones se adecuaron a la realidad jurídica, estimando que con estas modificaciones el gobierno municipal tendrá que erogar entre cinco y seis millones de pesos para cumplirlas.
Las nuevas condiciones generales de trabajo provocaron que el número de agremiados disminuyera en un 50 por ciento aproximadamente pues de los 218 empleados del sindicato, 110 renunciaron por no estar de acuerdo con las prestaciones ofrecidas.
“Empezaron con el 100 por ciento, ellos ya no tenían nada que pelar como gremio. Los sindicatos más fuertes a nivel nacional no tienen las prestaciones que tenían los de este sindicato, ellos juntaron todas las prestaciones, es un sindicato con un génesis reciente y tenemos que ir de menos a más”, dijo.
Una de las prestaciones que tenían los sindicalizados era la compra de un terreno y vivienda de más de 900 millones de pesos, dijo el funcionario municipal, quien indicó de no haberse modificado las condiciones de trabajo se hubieran sacrificado obras de infraestructura y se les hubiera dejado de pagar a los 700 trabajadores de confianza y honorarios.
“Ello no implica que con el tiempo y al cabo de 10, 20 años, los veamos con prestaciones como las que hoy modificamos (…) la idea más allá de una cuestión eminentemente de respeto a los derechos del trabajador era afectar las arcas del ayuntamiento”, dijo.
Por último, el secretario admitió que la liquidación de los 110 trabajadores que renunciaron, afectará el patrimonio del ayuntamiento ya que así lo haría cualquier gasto que no esté programado, además porque fue una cantidad considerable.
“Sin embargo, tratándose de los derechos de aquella gente que ya participó no está ni si quiera a discusión”, finalizó.
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