En los últimos años, las calles en Puebla se han llenado de “Se busca”, entre 2018 (año en que entró en vigor la Ley General en Materia de Desaparición Forzada) y 2020 se registraron en Puebla 2 mil 788 personas desaparecidas, no localizadas y localizada, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
Para visibilizar esta problemática a nivel mundial cada 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Desaparecidos con el objetivo de analizar si el problema se ha agravado, mejorado o sigue en las mismas circunstancias, así como proponer soluciones y aunar esfuerzos con los gobiernos de los países donde este tipo de situaciones se presenta regularmente.
Tan solo en Puebla, del grupo de personas señalado, 647 de ellas están desaparecidos, de las cuales 245 (37.87 por ciento) son mujeres y 402 (62.13 por ciento) hombres; mientras que el número de personas no localizadas es de 44; 16 (36.36 por ciento) féminas y 27 (61.36 por ciento) varones, de acuerdo con la consulta realizada a la versión pública del Registro Nacional.
En lo que respecta a las personas localizadas, el registro es de 2 mil 97 seres; mil 205 (57.46 por ciento) mujeres y 892 (42.54 por ciento) hombres. Los hallazgos con vida fueron de mil 960, en donde mil 188 (60.61 por ciento) correspondieron a mujeres y 772 (39.39 por ciento) a hombres.
Mientras que los hallazgos sin vida en el periodo de tiempo referido, es de 137; 17 (12.4 por ciento) féminas y 120 (87.5 por ciento) varones.
Entre los 120 hombres hallados sin vida se encuentra José Vázquez, quien se dedicaba a la labor del campo en Ciudad Serdán, y fue desaparecido en septiembre del 2018, poco tiempo después, su familia se enteró que fue víctima del delito de secuestro.
“José desapareció en 2018, vivimos en incertidumbre todo el tiempo que no supimos de él, no sabíamos qué hacer o a dónde dirigirnos, pero pasaron algunos días y su esposa recibió una llamada en donde dijeron que lo habían secuestrado, la angustia aumentó, teníamos más miedo, los secuestradores nos decían que no dijéramos nada y pagáramos el rescate y así lo hicimos, mi cuñada les dio el dinero, pero no nos regresaron a mi hermano”, recordó Sara, su hermana.
Entre la desesperación y el miedo que vivía Sara y su familia en aquel año, contó que tuvo que viajar a la capital poblana para realizar los trámites correspondientes en la Fiscalía General del Estado (FGE) y dar con el paradero de su hermano,
“No nos quedamos con los brazos cruzados, ocho días después de que se pagó el rescate viajamos a Puebla para levantar el acta, no lo hicimos en Teziutlán, decían que policías estaban involucrados en el secuestro de mi hermano; ahí (en la capital) se lograron identificar las llamadas realizadas desde el celular de mi hermano, que llevaron a la detención de algunos culpables”.
Sin embargo, el tiempo pasaba y no había respuestas para el caso de José, pero sí malos tratos por parte de funcionaros públicos. “Yo sólo veía como mi familia se consumía, mis papás cada vez estaban peor, teníamos que viajar a Puebla para presionar a las autoridades y que nos dijeran algo, pero no nos daban la atención y cuando nos la daban era bajo malos tratos”.
OBSTÁCULOS EN LA BÚSQUEDA
Aunque los datos de personas localizadas parecieran alentadores, la realidad es que la incertidumbre jurídica, la falta de empatía por parte de servidores públicos y la revictimización social, son algunos de los factores que acompañan a las familias de personas desaparecidas en su lucha por reencontrarse con sus seres víctimas de la desaparición.
A decir de Daniela Jiménez Cortés, abogada con perspectiva en derechos humanos, son las familias quienes emprenden las movilizaciones para resolver el acertijo sobre el paradero de su familiar. “Nadie conoce la victimización que se viven todos los días sólo las propias familias”.
“Existe una insensibilidad por parte del ministerio público, de ahí que no se les da movilización a las investigaciones, son las familias quienes tienen que hostigar para que se logre, que al final es obligación de los agentes (…) Muchas veces, quienes tienen que realizar actos de investigación no son los policías, sino que lo terminan haciendo las propias familias”.
Los días de búsqueda para la familia de José nunca se detuvieron; los viajes a Ciudad de México para pedir ayuda al presidente López Obrador rindieron frutos, tres meses después de la denuncia y 10 días posteriores de entregar un pliego petitorio al jefe del Ejecutivo federal, Sara tuvo una respuesta… a medias.
“Nos seguían tratando como chancla en la Fiscalía, pero hubo avance, checaron cuerpos por si encontraban a mi hermano, pero no (…) después, por medio de fotos yo me di cuenta que la imagen de ropa encontrada en una fosa en noviembre de ese año, coincidía con la que mi hermano llevaba puesta aquel día les dije, pero no me hicieron caso, dijeron que faltan pruebas de sangre, les dije que yo me movilizaba para hacerlas, pero sólo daban pretextos para no hacerlo, no sé que escondían”.
Aunque la mujer estaba segura el cuerpo de su hermano ya había aparecido, las autoridades le negaban respuesta; la búsqueda se postergó cinco meses más. La información a medias continuaba, pero la necesidad de conocer la realidad de la situación hacía que la mujer no dejara de moverse y contactara a más personas que le ayudaran a tener resultados.
Después de insistir, presionar y ser respaldada por la Comisión de Derechos Humanos en Puebla (CDH) en septiembre de 2020 le confirmaron que las fotos de la ropa sí coincidían con las de su hermano. “Su justificación fue que no tenían número para localizarnos, pero ellos tenían seis contactos de la familia y nunca nos informaron que tenían el cuerpo, nosotros tuvimos que hacer la investigación, no se tocaron el alma, ellos no viven esta angustia”, comentó entre lágrimas.
NO INVISIBILIZAR EL FENÓMENO
En entrevista para este medio, Simón Hernández León, defensor de los derechos humanos y catedrático en la Universidad Iberoamericana, reconoció que también existen limitaciones a nivel social. “La falta de sensibilidad sobre la gravedad y magnitud sobre el fenómeno de desaparición forzada, además de la estigmatización sobre todo a quienes se asocia a la delincuencia organizada, en Puebla desaparecen jóvenes y la respuesta es que en algo andarían, o que eran parte de la delincuencia, es una situación estereotipada y no permite medir la gravedad de este tema”.
En este sentido, reveló que, aunque existe un universo reducido de “falsos desaparecidos”, es decir aquellas personas que desaparecen sin la necesidad de verse involucradas en un delito, y aparecen con posterioridad, esto no debe de invisibilizar el fenómeno.
“Situaciones donde una persona aparece con posterioridad, claramente se considera como desaparición y se debe de emitir una búsqueda sobre esas personas, puede existir un universo reducido de casos donde las personas no hayan sido desaparecidas por cuestión de un delito, pero que no deben de ser mostrados como la generalidad de decir que, en el caso de las mujeres no son localizadas es porque están con el novio”.
Mientras que la abogada Daniela Jiménez, respaldó esta postura, al señalar que en el caso de las mujeres desaparecidas que son señaladas por la sociedad bajo el “se fue con el novio”, esto hace referencia a discriminación en un contexto de violencia de género.
“Todos tenemos el derecho de ser buscados, y en un estado en donde el problema de desaparición forzada es real y grave, además de tomar en cuenta el contexto en donde vivimos, en donde las mujeres son víctimas de violencia de género, si la situación no es de desaparición forzada, pues mejor, pero no debe de causar enojo que se movilicen las autoridades, sino que hay que exigir que hagan su trabajo”.
¿A DÓNDE VAN LOS DESAPARECIDOS?
En otro orden de ideas, Hernández León destacó que la zona urbana de Puebla es foco rojo para la desaparición de mujeres de 18 a 30 años, mientras que la desaparición de niñas, niños y adolescentes se concentra principalmente en la capital del estado. “Por el perfil de edad se puede inferir que se trata de explotación y trata de personas”.
En lo que respecta a hombres jóvenes, los casos de desaparición se dan con mayor frecuencia en municipios donde existen control territorial de delincuencia organizada dedicadas al narcotráfico o huachicol, y esa expresión de criminalidad es asociada a la desaparición de hombres.
Según datos de la RNPDNO el año pasado se registraron 32 personas desparecidas y no localizadas, 56.25 por ciento hombres y 40.63 por ciento, correspondió a mujeres. 10 casos se registraron en “sin colonia de referencia”; dos casos más en la colonia Maravillas; un caso en La Flor Infonavit y otro más en la colonia Puebla.
Mientras que datos hemerográficos del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia Puebla (CCSJP) reportan que en 2020 se registraron 223 casos de desaparición de niñas, adolescentes y mujeres adultas ocurridos en el estado de Puebla, en el 13 por ciento del registro se identificó que pudieron ser víctimas de uno o más delitos: 15 casos de feminicidio, 6 de privación ilegal de la libertad, 5 de sustracción de menores, 3 de lesiones y 1 de trata de personas.
