El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, negó que la Policía Estatal haya sido negligente en el linchamiento del abogado Daniel Picazo que ocurrió en Huauchinango en junio pasado, pues dijo que nunca hubo agentes de esa corporación durante el suceso que acabó con la vida del joven jurista, contradiciendo así lo expuesto por la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del estado en su recomendación 18/2022.
Tras salir en defensa de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Barbosa Huerta dijo que la única autoridad que fue omisa en el asesinato del litigante de 31 años fue la municipal. Por ello criticó que la conclusión del ombudsperson poblano, Félix Cerezo Vélez, haya sido en contra de la dependencia poblana y, además, criticó los alcances que tienen organismos como la CDH.
“Las comisiones de derechos humanos tienen ese papel que, por cierto, se excede de los propósitos de sus funciones, y que investigan y determinan qué es correcto… Pues que sus resoluciones sean congruentes, consecuentes, exhaustivas y completas”, expuso el mandatario hoy a través de su habitual rueda de prensa.
Sobre la recomendación, el titular del Ejecutivo señaló que todavía está pendiente la respuesta de la SSP, pues dijo que en estos casos se requiere que las partes involucradas emitan una postura sobre las imputaciones.
“Esa recomendación tendrá que aceptarla o no aceptarla… No se llevan las cosas de manera adecuada cuando se dice que la Policía Estatal fue omisa. La Policía Estatal no estaba ahí, entonces, todo eso se va a tener que alegar mediante un documento sobre si acepta o no se acepta por los destinatarios adonde va la recomendación de la CDH, pero que quede claro, la conducta omisiva fue de la Policía Municipal de Huauchinango”, enfatizó.
De hecho, el mandatario poblano aseveró que la CDH no incluyó la postura de la SSP en su recomendación, considerando esto un acto de omisión por parte del organismo encargado de velar por los derechos humanos.
“Me dicen los asesores legales del gobierno que nada de lo alegado por la SSP está considerado en la resolución, siempre hubo omisión (...) Ojalá todas las resoluciones de las comisiones estuvieran ajustadas a derecho y a los hechos, y no en una orientación permanente de otorgar todas las recomendaciones que se solicitan como una práctica permanente de dichas instituciones”, opinó.
Según se estipuló en la citada resolución, durante la noche del pasado 10 de junio, gendarmes del municipio de Huauchinango y de la SSP no aplicaron los protocolos de salvaguarda para evitar la muerte de Daniel Picazo, quien fue linchado y violentado físicamente por pobladores, debido a que fue ‘confundido’ con un supuesto agresor sexual.
En ese sentido, las fuerzas del orden sólo fungieron como espectadores del asesinato del joven, pues, según se detalló en el documento, los agentes nunca estuvieron en riesgo de ser agredidos por la gente y aun así nunca hicieron algo por evitar el asesinato.
Por esa razón, el organismo recomendó a las autoridades municipales abrir carpetas de investigación y procesos ministeriales contra los elementos que no cumplieron con sus funciones constitucionales ese día.
Finalmente, el titular del Ejecutivo local manifestó que, independientemente de la resolución de la CDH, el gobierno estatal mantiene su compromiso de reparar los daños a los padres de Daniel Picazo. Inclusive, presumió que, tras los hechos suscitados hace cinco meses, su administración fue la primera en contactar a los familiares del abogado.
“Mantenemos nuestra posición de reparación del daño a favor de los familiares de la víctima (...) La instrucción que he dado es que se siga manteniendo la relación con los papás de la persona fallecida para poder reparar el daño correspondiente, yo he tratado con ellos, inclusive, el primer contacto que [se hizo] con los familiares fuimos nosotros”, remató.
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