Durante el primer bimestre del 2022, en el estado de Puebla se abrieron 117 carpetas de investigación por delitos cometidos en materia de hidrocarburos, es decir, en territorio poblano presuntamente ocurrieron casos de compra, comercialización, resguardo, transporte o distribución de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos de manera irregular.
El reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) deja en evidencia que con el número de averiguaciones iniciadas entre enero y febrero de este año, Puebla se ubicó en tercer lugar nacional con el mayor número de casos.
Hidalgo fue el estado con más carpetas abiertas al contar con 205, en segundo lugar, Estado de México con 197; el tercer lugar lo ocupó la entidad poblana, la cuarta posición, Veracruz con 94 y Nuevo León con 59 averiguaciones.
En su informe, se dio a conocer que los primeros dos meses del año a nivel nacional se abrieron 956 carpetas de investigación; es decir que Hidalgo, Estado de México y Puebla concentraron el 54.2 por ciento del total de ilícitos denunciados.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los últimos años, de 2019 a 2021, la cantidad de indagaciones por este delito disminuyó en 29.5 por ciento, pasando de mil 481 carpetas de investigación en el primer año a mil 43 en el segundo.
El Secretariado Ejecutivo no señala el motivo por el cual se inició cada carpeta de investigación, pero la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos dice que los posibles delitos pueden ser los siguientes: sustraer hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley.
Así como quien compre, reciba, adquiera, comercialice o negocie hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, altere o adultere hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley.
Estas conductas se sancionan dependiendo de la cantidad de litros que haya sido apropiada de manera ilegal, mismos que va desde 4 a 12 años de prisión y una multa de 4 mil a 17 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente.