El 3 de julio de 1955, las mujeres acudieron a las urnas por vez primera, dos años después de que se reformó la Constitución y se otorgó a las mujeres el derecho a votar y ser votadas. En dichas elecciones federales salieron electas las primeras diputadas federales. En 1964 se eligieron a dos senadoras, y en 1979 Griselda Álvarez fue electa para gobernar Colima. La primera en ostentar un cargo tan importante.
Si bien las mujeres participaron de manera significativa en la contienda revolucionaria de 1910, cuando ésta terminó y se redactó la Constitución de 1917, los constituyentes les negaron sus derechos políticos “argumentando que sus intereses estaban dentro del hogar y la prueba era que no había ningún movimiento que lo solicitara”, señala la investigadora Enriqueta Tuñón Pablos.
No obstante, hubo excepciones. Tal es el caso del general constitucionalista Salvador Alvarado, quien siendo gobernador de Yucatán organizó, en enero de 1916, el Primer Congreso Feminista al que asistieron 617 delegadas, donde destacó la participación de Hermila Galindo —secretaria de Venustiano Carranza—, quien junto a Edelmira Trejo llevaron al Constituyente la demanda del voto para las mujeres. Y no sólo eso, sino que encabezaron a un grupo de mujeres que se manifestó por el derecho al sufragio a las puertas del Teatro Iturbide de Querétaro, donde sesionaba el Congreso. Sin embargo, “los constituyentes fueron tajantes al afirmar que «en las condiciones en que se encuentra la sociedad mexicana no se advierte la necesidad de conceder el voto a las mujeres»”, según cita Tuñón Pablos.
En la década de los veinte, tres estados: Yucatán, San Luis Potosí y Chiapas dieron el voto a las mujeres a nivel local, lo que llevó a algunas mujeres a ser elegidas diputadas. Sin embargo, la experiencia concluyó cuando los gobernantes que las postularon salieron del poder, con la excepción de la entidad chiapaneca. Luego fue Lázaro Cárdenas quien en 1937 insistió —según refiere Norma Inés Aguilar León— en la necesidad de reformar el artículo 34 Constitucional, para “concederle a la mujer plenitud jurídica en sus derechos políticos y de esta manera (…) «lograr que se repare la grave injusticia que despoja a la mujer mexicana de derechos substanciales, y en cambio, le impone todas las obligaciones de la ciudadanía»”; iniciativa que para 1938 ya había sido aprobada.
Tras varios años de lucha, en 1946 las mujeres consiguieron que la Cámara de Diputados aprobara la adición al artículo 158, que les concede el derecho a votar y ser votadas en el ámbito municipal. Aunque tuvieron que pasar siete años más para que se les reconociera la plenitud de sus derechos y garantías ciudadanas a nivel federal.
