Frente al repunte histórico en las cifras de informalidad laboral en Puebla, autoridades estatales, como la y el titular de las secretarías de Economía y Trabajo, Olivia Salomón Vibaldo y Gabriel Biestro Medinilla, respectivamente, coincidieron en que la supervisión y sanción de espacios de trabajo que operan de forma irregular es una obligación del gobierno federal.
En entrevista con El Sol de Puebla, ambos funcionarios reconocieron que la informalidad laboral es un reto que persiste a nivel estatal y nacional. Sin embargo, detallaron que este fenómeno se debe en buena medida a que varios emprendedores no se consolidan legalmente, muchas veces por ignorar los beneficios que tendrían al cumplir con este paso.
Para poner el fenómeno en retrospectiva, Biestro Medinilla expuso que en 2022 la Secretaría de Trabajo recibió 750 solicitudes de revisión de empresas irregulares, cuando la proyección al inicio de año era de 500. La dependencia carece de facultades legales para sancionar a las industrias informales, pero está obligada a canalizar los reportes con el gobierno federal.
Según el funcionario, muchas empresas que operan fuera de regla lo hacen por falta de conocimiento sobre la normatividad, pero otras más lo hacen para buscar beneficios propios, a costa de cumplir la ley.
“No todas las empresas cumplen con los requisitos que la ley marca, hay muchas que buscan declarar el salario mínimo cuando los dan de alta en el Seguro Social, no los dan de alta, dan contratos eventuales (...) Es difícil, porque la actividad económica es mucha y, más en estos momentos de crecimiento, a nosotros nos toca responder”, compartió.
Gobierno estatal buscará incrementar alcances legales para vigilar y supervisar empresas
Recientemente, Raymundo Tenorio Aguilar, académico emérito del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), aseguró en entrevista con esta casa editorial que la informalidad laboral persiste en Puebla debido a que las autoridades no se han enfocado en supervisar a las empresas que ofrecen empleos irregulares.
Biestro Medinilla fue cuestionado al respecto, y en respuesta señaló que el gobierno estatal carece de facultades legales para llevar a cabo dichas revisiones, pues ello es obligación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). No obstante, adelantó que el estado buscará adecuar los marcos normativos para entrarle a la revisión de empresas, y así abonar a la disminución de este fenómeno que impacta negativamente a la economía.
“Ya lo estamos viendo con el gobernador [Sergio Salomón Céspedes Peregrina] para no depender de eso, pero no queremos también que, cuando lleguemos a un lado, el empleador o la empresa nos vean como que ya llegó el tribunal de la inquisición (sic), sino que nosotros también vamos a apoyar e informar”, destacó el secretario.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la informalidad laboral en Puebla aumentó 15.2 por ciento durante el primer trimestre de 2023, en comparación con los últimos tres meses de 2022. En otras palabras, de los 3 millones 011 mil 36 trabajadores en la entidad, 2 millones 103 mil 046 laboran en la informalidad. Esta fue la cifra más alta de la última década.
Socialización de la ley, clave para combatir la informalidad: secretaria de Economía
Por su parte, Salomón Vibaldo reconoció que la responsabilidad del gobierno estatal frente a esta problemática es otorgar las herramientas y facilidades a los emprendedores para que estos conozcan los beneficios de operar en la formalidad.
“Eso le corresponde al Servicio de Administración Tributaria (SAT), el tema es federal, de la SHCP, la vigilancia. Desde la Secretaría de Economía lo que nosotros necesitamos es capacitarlos bien a ellos y que no tengan temor a inscribirse. Hay muchas formas [de acompañarlos] poco a poco, de lo informal a lo formal”, subrayó la funcionaria.
Indicó que una de las apuestas más realistas para aminorar esta práctica es mediante la consolidación de cooperativas, que son conglomerados sociales y comerciales que funcionan como empresa bajo una representatividad colectiva.
Consideró que un gran paso para disminuir esta condición es a través de la socialización de los beneficios de la formalización, principalmente con los emprendedores, quienes muchas veces inician negocios pensando que legalizarse puede perjudicarles.
“Es un tema de emprendimiento, de cuando inicias con una idea de negocio, y entonces tú tienes que abrirte paso y ese es el inicio. Ahorita, esta cultura de poder convertir estos emprendimientos en empresas es a lo que le estamos fomentando. La clave es, para mí, la profesionalización”, enfatizó Salomón Vibaldo.
Al respecto, Biestro Medinilla compartió que la Secretaría de Trabajo, al servir como enlace con el gobierno federal, recibe las quejas y solicitudes de revisión de empresas, por lo que hizo un llamado a los trabajadores a denunciar cuando sea necesario.
Cabe destacar que, mientras las autoridades estatales de la actual administración dicen que se han implementado diversas estrategias para reducir la informalidad laboral, tales como programas de profesionalización, etcétera, el INEGI detectó que, de 2019 a la fecha, los trabajadores informales pasaron de ser 2 millones 061 mil 895 a 2 millones 103 mil 046.
Para finalizar, hay que tomar en cuenta que instituciones como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) detectan que la creciente informalidad laboral propicia, entre otras cosas, que se vulneren los derechos de los trabajadores y que se limite su acceso a beneficios, prestaciones y condiciones adecuadas para ejercer sus funciones y conocimientos.
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