Casos sin sentencia con un rezago por arriba de los 300 expedientes, jueces sin carrera judicial que llegaron al puesto por “premio político”, instalaciones en mal estado, escaso personal y el poco que labora, no está capacitado y desconoce la perspectiva de género, esto es lo que se vive en los juzgados de Atlixco que pertenecen al Poder Judicial del Estado, así lo exhibió la Asociación de Abogados A.C., y litigantes de dicha demarcación.
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En entrevista con este medio, Adriana Suárez, presidenta de la Asociación y Eleazar Vicuña Roldán, secretario, dieron a conocer que, en los juzgados de material civil y de lo familiar en Atlixco, la justicia no es pronta, expedita y mucho menos gratuita. Son diversos problemas los que aquejan a la población que acude por justicia, pero también son diversos obstáculos a los que se enfrentan los abogados para hacer bien su trabajo. En este material, abordaremos algunos de ellos.
Para empezar, el distrito judicial de Atlixco inició el año 2024 con un aproximado de 800 expedientes rezagados, es decir, que no tienen sentencia. Posteriormente, les informaron a la Asociación que eran 500 y actualmente que son 300 los que faltan por concluirse. Los abogados explicaron que son casos en donde la sentencia se tuvo que haber emitido en un plazo de meses, pero llevan años.
“El día martes (9 de abril) nos enseñaron una lista, en donde nos dijeron que ya había 200 resoluciones de 500, pero aun así la carga de trabajo es bastante y continua el rezago de 300. Entiendo que falta personal, no queremos hacer criticas negativas, sino constructivas y esto lo decimos para mejorar, tal vez así se puede presionar al Tribunal”, comentaron.
Otro punto, es que las instalaciones son casonas antiguas a las que no se les ha dado mantenimiento, incluso, tuvieron afectaciones por el sismo del 2017 y tardaron años en darles mantenimiento. Estos espacios son reducidos y si hay una fecha en donde llegan muchas personas, tienen que esperar al aire libre para ser atendidos.
“El juzgado de lo civil se encuentra en la junta auxiliar de León y ahí también está el CIS, es muy pequeño, mientras que el juzgado de lo familiar se encuentra en una casona del centro, es larga y la han adecuado para los módulos, entonces el usuario y los abogados debemos de esperar en el patio para que nos llamen, nos quedamos afuera. Es entendible porque no se presta el lugar, también ahí son las entrevistas y escucha de los menores, nos estamos adecuando a lo que tenemos”, expuso.
El juzgado de lo civil ha mejorado desde que hace tres meses llegó una nueva jueza. Ella, está agilizando el trabajo, pero sus antecesores, como se mencionó anteriormente, dejaron un rezago superior a los 300 expedientes sin sentencias y como suele ocurrir en muchos de estos casos, el juez no es el problema, sino los secretarios de acuerdos y proyectistas que no hacen bien su trabajo y no pasan la información adecuada para determinar sentencia.
“Todavía hay muchos procesos que se deben de terminar del nuevo y del viejo sistema (…) siguen llegando detenidos, hay un solo acceso para los juzgados (…) entre lo bueno es que la nueva jueza sí está sacando el trabajo, hace el esfuerzo, pero hay mucho trabajo, yo creo que se necesita otro juzgado de lo familiar, porque es el que está más lleno. Falta personal e infraestructura”, evidenciaron.
Otra crítica fue hacia la anterior jueza de lo familiar, Griselda Méndez Ibarra, pues tenía criterios en donde no favorecía a las personas más necesitadas. “Nosotros como abogados registramos mucho retraso con ella, cuando había juicios con prioridad porque albergaban menores de edad, se vulneró mucho el interés superior del menor. Cuando hay niños, son juicios a los que se les debe de dar velocidad. Era autoritaria y como abogados hicimos nuestras quejas en el Consejo de la Judicatura”, puntualizaron.
Otro punto negativo es que en Atlixco se quieren deslindar de sus responsabilidades y envían a los usuarios hasta Puebla para poder hacer sus trámites, esto en vez de ayudarlos, le complica el acceso a la justicia, ya que muchos no tienen dinero para el viaje y ni siquiera conocen la capital para movilizarse. En suma, esto hace que terminen desistiendo del caso.
“Nos dicen ¿venir a Puebla?, mejor ya lo dejo así. Las autoridades pueden decir con esto que disminuye el índice delictivo, pero no es así. Tenemos muchos clientes que prefieren desistir, es tiempo, dinero y esfuerzo viajar hasta Puebla, ya no es beneficioso (…) las autoridades nos dicen que hay que motivar la cultura de la denuncia, pero no dan las condiciones. Parecen oficialías”, expusieron.
Hay escasez en personal, pero el poco que hay “deja mucho de qué hablar”. Los abogados refirieron que en un gran porcentaje son groseros, revictimizantes, nada empáticos y los ministerios públicos no saben nada acerca de perspectiva de género. “Si llega la víctima y es una mujer sola, golpeada, violentada, las regañan. Si se salen de su casa por golpes les dicen que no deberían de salirse y hasta les meten miedo por supuesto abandono de hogar”, detallaron.
Hubo otro caso, en donde un hombre sufrió violencia familiar por parte de su ex pareja mujer y todos los trabajadores del juzgado cuando supieron lo que ocurría, se burlaron de él en voz alta para humillarlo. “No pueden tratar así a las víctimas y no saben nada de perspectiva de género, porque esa perspectiva aplica para hombres y mujeres violentados”, agregaron.
También, desde hace tiempo, se dejaron de hacer “visitadurías o visitas sorpresa” en los juzgados para verificar que el trabajo se hace de manera correcta y tampoco se hacen revisiones de expedientes. Desconocen por qué dejaron de hacer este tipo de actividades que ayudaban a transparentar los servicios judiciales. “Hicimos una serie de escritos, de quejas, pero no hubo respuesta de nada”, lamentaron.
Para rematar, han detectado jueces que han llegado al puesto por presunto respaldo político y no por estar capacitados para el puesto, como Ivonne Solares Wences y su secretaria Elizabeth Chantré Ortega. La jueza no cuenta con carrera judicial y se ha negado al diálogo. Tiene 15 quejas en el Consejo de la Judicatura.
“Registró mucho retraso a la hora de emitir sentencias, llegando a más de 500 expedientes parados y pasó casi un año que no dictó sentencias. Sus juicios estaban por concluirse, pero no dictó sanción correspondiente. No sabemos si era la incapacidad de su proyectista o de ella. Después nos enteramos que fue el primer juzgado de la abogada, premio de un magistrado”, declararon.
La Asociación ha emitido más de 20 quejas en el Consejo de la Judicatura por diversos temas, pero son muy pocos los casos que han tenido respuesta, por ejemplo, una de las abogadas reportó una irregularidad el año pasado y hasta este 2024 le dieron respuesta, cuando la jueza que denunciaron, ya ni siquiera está en ese puesto. En su opinión, este retraso en respuestas, se debe a todos los cambios que se han registrado al interior del órgano.
Todo lo anterior, limita el trabajo de los abogados. En suma, ellos tienen otro problema en específico, que es el pago de copias por expediente. Por ejemplo, para concretar su caso solicitan un expediente y les cobran por hoja tres pesos, lo que significa que, si el caso tiene mil hojas, serán 3 mil pesos. Les dan una referencia que tienen que ir a pagar al banco y cuando regresan, les dan el documento original y “se los prestan” para que vayan a tomar sus propias copias.
“Es un gasto doble, pagamos para que nos presten el expediente, nos cobran por hoja, pero terminamos pagando nuevamente por ir a otro lugar o ahí mismo a sacar copias. Es un sistema burocrático que nos hace perder mucho dinero y tiempo. Nos deberían de ayudar a que salgan más rápido los casos, que las víctimas encuentren tranquilidad más rápido, pero es todo lo contrario”, enfatizaron. Hacen un llamado a la titular del Tribunal Superior de Justicia de Puebla (TSJ), María Belinda Aguilar Díaz, para que tome cartas en el asunto.
