El presidente municipal de Santa Rita Tlahuapan, Vidal Roa Benítez, señaló que la inconformidad de seis regidores del Ayuntamiento de Tlahuapan, que pidieron al Congreso del Estado la revocación de su mandato por supuestas irregularidades, se debe a caprichos e interés particulares, debido a que no se dejó chantajear, ni manipular, ni cedió a otorgarles un bono económico a cambio de votar a favor en las sesiones de cabildo.
Y es que el pasado 9 de diciembre, seis regidores: Norma Angélica Chávez Ávila, Juan Távara Roldan, Patricia Lara Cortés, José Daniel Rodríguez González, Alejandra Altamirano Díaz e Irma Fabiola Serrano Guzmán, acusaron que el alcalde abusa de su poder, usurpa funciones, tiene más de un mes sin sesionar, no transparenta el gasto en obra pública y licitaciones, por lo que ante el mal manejo de los recursos.
Ante los hechos, en sus redes sociales, el munícipe público un comunicado donde rechazó las acusaciones, manifestando que en ningún momento ha dejado de asistir a Cabildos ordinarios y extraodinarios, negó que esté haciendo mal uso de los recursos y las licitaciones se realizan conforme a lo que establece la ley, y afirmó que en ningún momento ha restringido las facultades de la regidora de Gobernación, sin embargo, señaló que el único responsable de la Seguridad Pública es el alcalde.
En su comunicado, el edil acusó que dichas acusaciones en su contra obedecen a intereses particulares y económicos, prueba de ello –dijo-, es que los regidores le solicitaron un bono de 300 mil pesos cada uno, como bono de fin de año, a cambio de votar a favor en cada una de las sesiones de Cabildo, por lo que amenazaron con no aprobar los estados financieros. El munícipe reconoció que la situación generará que no se aprueben sus cuentas públicas, afectando a su persona y al municipio.
Roa Benítez agregó en el comunicado que como presidente municipal no va a permitir ningún acto de corrupción y extorsión, ni mucho menos de chantaje de los regidores inconformes, por lo tanto, está dispuesto a que se realicen las diligencias necesarias a su administración por parte del Congreso del Estado.
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