En Puebla, ya van cuatro personas muertas que están relacionadas con centros de rehabilitación en menos de un mes y por ello, el Instituto de Derechos Humanos “Ignacio Ellacuría, SJ”, cree que las autoridades deberían de tomar cartas en el asunto, voltear a ver estos espacios y garantizar que se respeten los derechos de las personas que intentan dejar algún tipo de adicción.
En entrevista con este medio, Tadeo Luna de la Mora, adscrito a dicho Instituto, explicó que no hay un listado de los derechos que más se han violado en estos lugares, ya que hay una gran diversidad de espacios de rehabilitación y no todos operan en la clandestinidad.
No obstante, hay mucha evidencia de que en algunos casos se atentan contra el respeto a la dignidad, hay tortura, insalubridad, humillación y cuando hay ingresos que no son voluntarios, se habla de secuestros porque los encierran en contra de su voluntad.
En suma, se ha visto que, en un gran porcentaje, las personas que los operan no son especialistas, sino que son colaboradores que en su momento fueron adictos y trabajan ahí para dar su experiencia propia. Lo cual no estaría mal si posteriormente se capacitaran.
“Hay poca información al respecto y se tendría que esperar que va diciendo la Fiscalía, esperemos se interese y ponga atención en estos casos. En términos generales yo diría que hace falta un reconocimiento de los derechos de las personas que consumen sustancias o que consumen drogas en general, falta un reconocimiento a muchos de sus personas”, comentó.
Dijo que no es nuevo que personas pierdan la vida en estos lugares que se llaman anexos o centros de rehabilitación, pero consideran que es necesario que se vigilen y se hagan revisiones periódicas para ver cómo están funcionando.
“¿Quiénes los regulan?, ¿en qué se basan los tratamientos que ofrecen?, porque hay mucho desorden, falta ver cómo funcionan de fondo más allá de las muertes que son gravísimas, en sí, pero hay mucho desconocimiento al respecto”, agregó.
Desde su óptica, todas las autoridades deberían de voltear a verlos, ya que muchos operan como privados y no se sabe que ocurre en su interior, además, cree que el gobierno local debería de brindar espacios para ofrecer servicios de rehabilitación y así exista un aval de que todo ocurre con estricto apego a los derechos humanos.
“El acceso a la salud es una tarea que compete al estado (…) no sabemos si cumplen con los lineamientos de la ley federal de salud o la norma oficial mexicana (…) la mayoría de estos andan en la clandestinidad (…) y no ha personas especializadas, es más bien con la ayuda de los que superaron las adicciones y con base en su experiencia”, compartió.
Para concluir compartió que las familias deben de ser muy cuidadosas en caso de querer ingresar a uno de sus mimbres y para ello, la Comisión de Adicciones tiene una lista de los establecimientos avalados.
El Sol de Puebla dio a conocer que son cuatro personas relacionadas con centros de rehabilitación que habrían sido asesinadas en menos de un mes en Puebla. En dos de los casos, los familiares aseguraron que las víctimas fueron brutalmente golpeadas por personal de los también llamados “anexos”, por lo que exigieron que se diera con los responsables.
De igual modo, hay que recordar que hace algunos días, el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, adelantó que presentará una nueva normatividad para regular estos lugares.
