TEZIUTLÁN, Pue.- La Comisión de Derechos Humanos Puebla (CDH)emitió una recomendación al alcalde de este municipio AntonioVázquez Hernández, al considerar que cometió violaciones a losderechos humanos de seguridad jurídica, a la propiedad o posesióny al trato digno, en agravio de cinco extrabajadores que sejubilaron o se pensionaron y que venían recibiendo de maneraregular el pago por tal derecho.
Lo anterior derivado, de que la autoridad responsable, dejó depagar su pensión y jubilación a cinco personas de edad avanzadaque pertenecían al sindicato de trabajadores del Ayuntamiento,mismo quienes presentaran su queja ante la CDH, afirmando que ellose dio como parte de las represalias en contra de su organizaciónsindical para que aceptaran las liquidaciones contrarias a derechopor parte de sus compañeros en activo, a quienes se liquidó y secontrató con menor salario haciéndoles firmar su renuncia paraque no adquieran antigüedad y evitar su derecho a jubilarse.
En atención al expediente 1172/2015, se acreditaron violacionesa derechos humanos, en agravio de cinco personas adultas mayores,con la finalidad de resarcir los derechos vulnerados, motivo por elcual dicho organismo, emprendió una propuesta de Conciliaciónmisma que fue aceptada mediante el oficio AV/DJ/283/2015, con fecha31 de diciembre de 2015, signado por el presidente municipal deTeziutlán; sin embargo, la autoridad responsable no acreditó elcumplimiento de la misma.
Por tal motivo, esta comisión, giró una recomendación alalcalde teziuteco, subrayando que “si bien es cierto, lasautoridades pueden poner limitaciones al goce del derecho a lapropiedad por razones de utilidad pública o interés social, en elcaso de los montos de las pensiones, las autoridades puedenrestringirlos únicamente por la vía legal adecuada y por losmotivos ya mencionados tal y como lo ha establecido el tribunalinteramericano”.
Así mismo, recomendó al presidente municipal ordenar a quiencorresponda realice el pago del monto de las pensiones a lospensionarios por los años 2015 y 2016 con los ajustes económicosque legalmente corresponden, así como continuar realizándoloshasta su legal extinción.
En este sentido, destacó que se trata de cinco personas de 61,65, 68, 79 y 94 años de edad, respectivamente, mismos que seencuentran en una situación de desventaja para hacer frente a losproblemas que plantea la vida y que requieren del pago de supensión o jubilación para sufragar sus gastos básicos dealimentación, vestido y vivienda, que al formar parte de estegrupo vulnerable necesitan una protección especial para garantizarque siempre sean tratados en un plano de igualdad.
