El presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (ITAIPUE), Francisco Javier García Blanco, evidenció la falta de presupuesto para emprender proyectos, ya que si invierten recursos solo tendrían 210 mil pesos para lo que resta del año.
En una reunión de trabajo con los diputados de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Congreso del Estado, el comisionado dijo que desde hace tres años han mantenido el mismo presupuesto de 19 millones 486 mil 73 pesos e indicó que el 88 por ciento se destina a servicios personales, el 1.9 por ciento a materiales y suministros, y el 9.4 por ciento a servicios generales.
Señaló que si descuentan los gastos fijos al Instituto de Transparencia le quedarían únicamente 596 mil pesos para gastos de operación, mientras que emprender un proyecto para hacer más eficiente el trabajo de transparencia mediante notificaciones vía WhatsApp o mensaje de texto de los procedimientos por solicitudes de información o recursos de revisión cuesta cerca de 135 mil pesos.
En el caso del proyecto para impulsar la automatización y digitalización de todos los procedimientos costaría alrededor de 250 mil pesos mensuales.
“Si pusiéramos en marcha esos dos proyectos que tenemos, que se están impulsando a nivel nacional, nos quedarían nada más 210 mil pesos para funcionar el resto del año en nuestras labores”, dijo García Blanco a los diputados.
RESPONDEN 72% DE SOLICITUDES
Por otra parte, destacó que en 2021 se hicieron 13 mil solicitudes de acceso a la información pública, de las cuales en 9 mil 544 se dio cumplimiento, es decir que el 72 por ciento fueron respondidas y el solicitante quedó satisfecho. Además, 742 se volvieron recursos de revisión y de estos 559 se resolvieron en sesiones de pleno.
Mientras que en lo que va del 2022, el Instituto de Transparencia contabiliza 552 recursos, de los cuales 191 se han resuelto, desechado o revocado.
En tanto, la diputada Isabel Merlo Talavera sugirió la presentación de una iniciativa para sancionar a los ayuntamientos que incumplan con las obligaciones de transparencia o en su caso capacitar a los presidentes municipales. No obstante, la ley ya establece sanciones, pero no siempre se pueden ejecutar porque es imposible localizar a los servidores públicos cuando terminan su cargo.
