/ miércoles 18 de septiembre de 2019

Exhiben irregularidades en entrega de recursos por 19S; pobladores acusan uso político

Viviendas inconclusas, escuelas sin reconstruir, iglesias con daños y promesas de campaña, son algunas de las inconsistencias

A dos años del sismo del 19 de septiembre de 2017 todavía hay huellas de la tragedia que cobró vidas y acabó con el patrimonio de miles de poblanos, a pesar de que en este tiempo se asignaron más de 2 mil millones de pesos para la reconstrucción. Los recursos pasaron por manos de 20 funcionarios estatales y federales de al menos 12 dependencias. Recientemente, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta acusó que se malversaron fondos destinados para ese fin.

Según los informes gubernamentales del estado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la plataforma Fuerza México, las dependencias y organismos que tuvieron acceso a estos recursos son la Secretaría de Salud estatal y federal; la Secretaría de Educación Pública (SEP) estatal y federal; la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) federal; la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) estatal; la Secretaría de Cultura federal; el Comité Administrador para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE); el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Infonavit y el ISSSTE.


Derivado del cambio de gobierno, muchos de los titulares de estas dependencias ya no ocupan el cargo, aunque durante su gestión fueron observados por la ASF por inconsistencias detectadas en el manejo de esos recursos.

Al respecto, El Sol de Puebla hace un recuento de las dependencias relacionadas con el uso de recursos para este fin, los funcionarios a cargo y las observaciones institucionales o anomalías denunciadas por la gente.

ROSARIO ROBLES Y SEDATU

En la Cuenta Pública de 2018 presentada por la ASF, se indica que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el Banco Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) reportaron un padrón de beneficiarios, de tarjetas electrónicas para la reconstrucción de vivienda, de 28 mil 343 personas en el estado poblano, por un monto de mil 015 millones 335 mil pesos, de los cuales 324 millones 735 mil fueron para daños parciales y 690 millones 600 mil para daños totales.

Sin embargo, se detectó que en 939 casos hubo registro de beneficiarios de tarjetas electrónicas, sin que recibieran montos. Sedatu no justificó el motivo por el que se omitió información sobre esos recursos que debieron ser otorgados.

Por otra parte, la ASF exhibió que, en Puebla, 225 de los beneficiarios de las tarjetas para la reconstrucción -en los padrones presentados por Sedatu- tuvieron inconsistencias en los nombres y apellidos. A 223 sí se les entregó apoyo por 7 millones 545 mil pesos, mientras a dos personas en los registros no se les entregó dinero, pero sí estaban en las listas. La auditoría aclara que estos hechos podrían constituir responsabilidades administrativas en términos de ley.

Uno más de los señalamientos que hace la ASF sobre la reconstrucción en Puebla es que hubo una diferencia de un 26.5 por ciento (315 millones 204 mil pesos) entre el diagnóstico de la inversión para vivienda y lo asignado mediante los programas.


Hasta julio de 2018, la ASF detectó que de las cinco mil 355 acciones de autoconstrucción de vivienda que se tenían como meta estatal en Puebla, un cinco por ciento, equivalentes a 248, se observaron no iniciadas.

En esta dependencia, que fue clave para la reconstrucción, estaba Rosario Robles como titular, quien hoy se encuentra en prisión enfrentando un proceso por el delito de ejercicio indebido de la función pública. El poblano Juan Carlos Lastiri colaboraba como subsecretario de esa dependencia.

GERARDO ISLAS Y LA CAMPAÑA

De los datos de la ASF se desprende que, de mil 015 millones 335 mil pesos reportados como entregados a beneficiarios Puebla, para reconstrucción de viviendas, el Fonden autorizó al gobierno estatal 284 millones 745 mil pesos -732 millones 420 mil pesos fue monto autorizado federal y un monto igual fue radicado a Bansefi-.

En noviembre de 2017, cuando empezó la entrega de apoyo de la Sedatu a los damnificados, la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), cuyo titular era Gerardo Islas Maldonado, comenzó el mismo procedimiento en comunidades como Tlancualpicán y San Juan Pilcaya, del municipio de Chiautla de Tapia. José Antonio Gali Fayad era gobernador de Puebla.

Recién, este medio visitó Pilcaya, donde algunos habitantes acusaron a Gerardo Islas por hacer campaña política para la diputación local, en 2018, prometiéndoles entregar una vivienda a quienes todavía no se les reparaba su pérdida por el sismo del 19S. Ahora él es diputado local.

“Te voy a hacer una vivienda más chingona”, decía a más de un poblador, de acuerdo a lo relatado.

OBSERVACIONES A PROTECCIÓN CIVIL

Dentro de las auditorías que se han hecho por el sismo, la ASF detectó que las áreas de protección civil de Puebla hicieron un incorrecto registro -en 13 casos- de las personas que podían ser apoyadas por el Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo) para la reconstrucción de su vivienda, sin haber sido ayudadas por el Fonden.

Incluso, la ASF recomendó a la Fonhapo revisar las 597 acciones en el estado poblano, además de verificar el avance físico de las mismas.

En la Cuenta Pública 2018 se indica que Fonhapo destinó dos millones 952 mil pesos tan solo para 123 acciones de ampliación de vivienda, en Puebla. Esto se hizo con la delegación estatal de Sedatu, entonces presidida por Juan Manuel López.

EN EL INAH, DEJARON ADEUDOS

En el caso del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que está a cargo de los inmuebles históricos afectados -como los templos-, la institución no ha terminada su trabajo en Puebla. Por ejemplo, la iglesia de Atzala, continúa sin ser intervenida, e incluso, la Fundación Empresarios por Puebla anunció la inversión de cuatro millones de pesos para un nuevo espacio religioso.

Además de la falta de obras por parte del INAH, la misma iniciativa privada mediante la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), acusó adeudos a por lo menos 40 socios por trabajos relacionados con la reconstrucción.

Diego Prieto Hernández ha sido director del INAH desde el sismo y hasta el momento.

SEÑALAMIENTOS EN LA ASF PARA LA SEP

La Cuenta Pública de 2018 se indicó que, en el estado, hubo 307 casos con posibles inconsistencias respecto a la duplicidad de recursos que se recibieron para las escuelas dañadas por el sismo, de los programas Reforma Educativa, Escuelas al CIEN y el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden).

La entidad no comprobó que estableció protocolos para evitar problemas en entrega de los recursos, con lo que se ratifica la observación

ASF

Del Programa de la Reforma Educativa, la ASF detectó 71 actas de inicio (de obras) faltantes, en los estados de Puebla, Guerrero y Michoacán.

CAPCEE TAMBIÉN FUE EXHIBIDO

El Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee), que pertenece a la Secretaría de Infraestructura estatal desde la administración del extinto Rafael Moreno Valle, tuvo algunas observaciones de la ASF durante la Cuenta Pública de 2017 por no respetar contratos de arrendamiento de sanitarios móviles y aulas, con recursos del Fonden.

Al final del texto se deja una lista con exfuncionarios que ejercieron recursos de la reconstrucción, aunque será el actual gobierno poblano el que deba aclarar las anomalías o malversaciones que ha habido en la materia, y fincar responsabilidades si las hubiere.

A dos años del sismo del 19 de septiembre de 2017 todavía hay huellas de la tragedia que cobró vidas y acabó con el patrimonio de miles de poblanos, a pesar de que en este tiempo se asignaron más de 2 mil millones de pesos para la reconstrucción. Los recursos pasaron por manos de 20 funcionarios estatales y federales de al menos 12 dependencias. Recientemente, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta acusó que se malversaron fondos destinados para ese fin.

Según los informes gubernamentales del estado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la plataforma Fuerza México, las dependencias y organismos que tuvieron acceso a estos recursos son la Secretaría de Salud estatal y federal; la Secretaría de Educación Pública (SEP) estatal y federal; la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) federal; la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) estatal; la Secretaría de Cultura federal; el Comité Administrador para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE); el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Infonavit y el ISSSTE.


Derivado del cambio de gobierno, muchos de los titulares de estas dependencias ya no ocupan el cargo, aunque durante su gestión fueron observados por la ASF por inconsistencias detectadas en el manejo de esos recursos.

Al respecto, El Sol de Puebla hace un recuento de las dependencias relacionadas con el uso de recursos para este fin, los funcionarios a cargo y las observaciones institucionales o anomalías denunciadas por la gente.

ROSARIO ROBLES Y SEDATU

En la Cuenta Pública de 2018 presentada por la ASF, se indica que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el Banco Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) reportaron un padrón de beneficiarios, de tarjetas electrónicas para la reconstrucción de vivienda, de 28 mil 343 personas en el estado poblano, por un monto de mil 015 millones 335 mil pesos, de los cuales 324 millones 735 mil fueron para daños parciales y 690 millones 600 mil para daños totales.

Sin embargo, se detectó que en 939 casos hubo registro de beneficiarios de tarjetas electrónicas, sin que recibieran montos. Sedatu no justificó el motivo por el que se omitió información sobre esos recursos que debieron ser otorgados.

Por otra parte, la ASF exhibió que, en Puebla, 225 de los beneficiarios de las tarjetas para la reconstrucción -en los padrones presentados por Sedatu- tuvieron inconsistencias en los nombres y apellidos. A 223 sí se les entregó apoyo por 7 millones 545 mil pesos, mientras a dos personas en los registros no se les entregó dinero, pero sí estaban en las listas. La auditoría aclara que estos hechos podrían constituir responsabilidades administrativas en términos de ley.

Uno más de los señalamientos que hace la ASF sobre la reconstrucción en Puebla es que hubo una diferencia de un 26.5 por ciento (315 millones 204 mil pesos) entre el diagnóstico de la inversión para vivienda y lo asignado mediante los programas.


Hasta julio de 2018, la ASF detectó que de las cinco mil 355 acciones de autoconstrucción de vivienda que se tenían como meta estatal en Puebla, un cinco por ciento, equivalentes a 248, se observaron no iniciadas.

En esta dependencia, que fue clave para la reconstrucción, estaba Rosario Robles como titular, quien hoy se encuentra en prisión enfrentando un proceso por el delito de ejercicio indebido de la función pública. El poblano Juan Carlos Lastiri colaboraba como subsecretario de esa dependencia.

GERARDO ISLAS Y LA CAMPAÑA

De los datos de la ASF se desprende que, de mil 015 millones 335 mil pesos reportados como entregados a beneficiarios Puebla, para reconstrucción de viviendas, el Fonden autorizó al gobierno estatal 284 millones 745 mil pesos -732 millones 420 mil pesos fue monto autorizado federal y un monto igual fue radicado a Bansefi-.

En noviembre de 2017, cuando empezó la entrega de apoyo de la Sedatu a los damnificados, la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), cuyo titular era Gerardo Islas Maldonado, comenzó el mismo procedimiento en comunidades como Tlancualpicán y San Juan Pilcaya, del municipio de Chiautla de Tapia. José Antonio Gali Fayad era gobernador de Puebla.

Recién, este medio visitó Pilcaya, donde algunos habitantes acusaron a Gerardo Islas por hacer campaña política para la diputación local, en 2018, prometiéndoles entregar una vivienda a quienes todavía no se les reparaba su pérdida por el sismo del 19S. Ahora él es diputado local.

“Te voy a hacer una vivienda más chingona”, decía a más de un poblador, de acuerdo a lo relatado.

OBSERVACIONES A PROTECCIÓN CIVIL

Dentro de las auditorías que se han hecho por el sismo, la ASF detectó que las áreas de protección civil de Puebla hicieron un incorrecto registro -en 13 casos- de las personas que podían ser apoyadas por el Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo) para la reconstrucción de su vivienda, sin haber sido ayudadas por el Fonden.

Incluso, la ASF recomendó a la Fonhapo revisar las 597 acciones en el estado poblano, además de verificar el avance físico de las mismas.

En la Cuenta Pública 2018 se indica que Fonhapo destinó dos millones 952 mil pesos tan solo para 123 acciones de ampliación de vivienda, en Puebla. Esto se hizo con la delegación estatal de Sedatu, entonces presidida por Juan Manuel López.

EN EL INAH, DEJARON ADEUDOS

En el caso del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que está a cargo de los inmuebles históricos afectados -como los templos-, la institución no ha terminada su trabajo en Puebla. Por ejemplo, la iglesia de Atzala, continúa sin ser intervenida, e incluso, la Fundación Empresarios por Puebla anunció la inversión de cuatro millones de pesos para un nuevo espacio religioso.

Además de la falta de obras por parte del INAH, la misma iniciativa privada mediante la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), acusó adeudos a por lo menos 40 socios por trabajos relacionados con la reconstrucción.

Diego Prieto Hernández ha sido director del INAH desde el sismo y hasta el momento.

SEÑALAMIENTOS EN LA ASF PARA LA SEP

La Cuenta Pública de 2018 se indicó que, en el estado, hubo 307 casos con posibles inconsistencias respecto a la duplicidad de recursos que se recibieron para las escuelas dañadas por el sismo, de los programas Reforma Educativa, Escuelas al CIEN y el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden).

La entidad no comprobó que estableció protocolos para evitar problemas en entrega de los recursos, con lo que se ratifica la observación

ASF

Del Programa de la Reforma Educativa, la ASF detectó 71 actas de inicio (de obras) faltantes, en los estados de Puebla, Guerrero y Michoacán.

CAPCEE TAMBIÉN FUE EXHIBIDO

El Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee), que pertenece a la Secretaría de Infraestructura estatal desde la administración del extinto Rafael Moreno Valle, tuvo algunas observaciones de la ASF durante la Cuenta Pública de 2017 por no respetar contratos de arrendamiento de sanitarios móviles y aulas, con recursos del Fonden.

Al final del texto se deja una lista con exfuncionarios que ejercieron recursos de la reconstrucción, aunque será el actual gobierno poblano el que deba aclarar las anomalías o malversaciones que ha habido en la materia, y fincar responsabilidades si las hubiere.

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