Las personas con un familiar desaparecido en Puebla no pueden manejar en su totalidad los bienes de la persona extraviada, tampoco pueden afiliarse al seguro social, obtener una beca para un menor de edad o realizar trámites jurídicos-administrativos a su nombre para beneficiar a un hijo o sus cónyuges, esto se debe que el Congreso local no ha legislado sobre la Declaración Especial de Ausencia.
En entrevista con este medio, Simón Alejandro Hernández León, coordinador de la licenciatura en derecho y coordinador de la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la Universidad Iberoamericana de Puebla, explicó que esta declaración ayudaría a los familiares de personas desaparecidas a inscribir a sus hijos sin problemas, a buscar la seguridad social, a recuperar los recursos que hay en una cuenta bancaria, firmar contratos de arrendamiento, entre otras.
Sin embargo, actualmente en el estado hay un “limbo jurídico” que no beneficia a los familiares al 100 por ciento y en caso de querer adquirir este tipo de derechos tienen que recurrir a amparos, por lo que el abogado y defensor de los derechos humanos cree que los diputados le han fallado a este sector y les ha faltado voluntad política.
“Es una falta de compromiso institucional del Poder Legislativo, en Puebla no han armonizado para reconocer la declaratoria y regular el procedimiento. Entonces lo que ha generado es que a pesar de que la ley general lo estableció, no han cumplido. Esta declaratoria facilitaría los derechos de las familias y en Puebla se han presentado muchas dificultades para las familias cuando quieren reconocer derechos o realizar un trámite”, agregó.
Esta declaratoria es un mecanismo que surgió en 2017 a propuesta de familias con personas desaparecidas en el marco de la elaboración de la Ley General de Desaparición. En ese momento, la ley general estableció los sistemas de búsqueda, las fiscalías especializadas, modificó el delito de desaparición forzada y generó instituciones, derechos de los familiares y de las propias víctimas, pero adicionalmente un problema que se presentó fue que los códigos civiles los catalogaron como “presunción de muerte”.
“Los familiares no quieren eso, quieren que siga en estatus de vivo, que se le está buscando, pero que exista un mecanismo para poder ejercer derechos en nombre de la persona desaparecida. Es una resolución judicial en la que un juez revisa la denuncia, la situación de la persona que ha desaparecido y ayuda para que ciertos derechos puedan ejercer su familiar, es una representación de personas desaparecidas bajo la presunción de vida”, indicó.
El llamado que hizo el especialista a los diputados fue que asuman con mucha responsabilidad institucional este asunto. Incluso creen que tienen una deuda con los familiares de personas desaparecidas y sus familias. “Si uno ve las experiencias compradas con otros congresos, la realidad es que se tienen que reforman aproximadamente 10 artículos y son procedimientos sencillos (…) entonces todo es de la legislación y compromiso”, resaltó.
“El llamado es que adquieran el compromiso con toda seriedad y que puedan cumplir con este mandato que además viene de la ley general y que se ha representado en las Naciones Unidad y se expuso que muchas entidades federativas no han armonizado esto (…) hay que darle una legislación adecuada y el Congreso debe de estar a la altura”, concluyó.
Hijos de las personas desaparecidas, principales afectados
Aunado a este tema, María Luisa Núñez, fundadora del Colectivo Voz de los Desaparecidos, opinó que urge legislar acerca del tema, ya que los principales afectados son los hijos de personas desaparecidas, incluso los calificó a los niños como “abandonados por el Poder Legislativo en Puebla”.
Explicó que muchas veces, estos menores son cuidados por sus abuelos, tíos o un familiar que toma esa decisión, pero no es nada fácil. Por ejemplo, con las abuelas, son adultas mayores que ya no tienen ingreso mensual o quincenal, carecen de seguro social y hasta las condiciones de salud complican esta tarea de cuidar a los niños.
“Es sumamente importante que aquí en Puebla se legisle sobre esta declaración porque es un tema que va de la mano con la desaparición forzada de personas y que justo la situación de desaparición deja en la deriva o en el limbo los derechos de las víctimas, pero también de sus familiares, principalmente de sus hijos”, detalló.
Esta situación se complica por la falta de dicha declaratoria, pues si los abuelos quieren inscribirlos a una beca gubernamental, no se los permiten, argumentando que el papá o la mamá deben de firmar. Cuando los abuelos les explican que sus padres están desaparecidos, ellos piden un acta de defunción, pero tampoco pueden tenerla porque no hay seguridad de que han fallecido.
“Exigen un acta de defunción, pero nuestros familiares no están muertos, están desaparecidos y el trámite correcto a seguir sería una resolución judicial con esta Declaración Especial de Ausencia, si no tenemos un avance legislativo en esta materia, nuestros niños están siendo abandonados por el Poder Legislativo en Puebla”, enfatizó.
Otro tema es la afore (los fondos para el retiro), ya que cuando el titular de la cuenta fallece, sus recursos se heredan a sus beneficiarios y ellos pueden disponer de este dinero. No obstante, en estos casos, no hay actas de defunción y no hay una cláusula especial para desaparecidos. María Luisa indicó que muchas familias necesitan este recurso para útiles escolares, temas de salud, sin embargo, no pueden reclamar estos derechos.
“Tenemos casos de desaparecidos que tenían créditos Infonavit y que sus familiares no quieren perder ese patrimonio para sus niños, pero como desapareció, no dejó algún albacea y les siguen cobrando. Los familiares se ven obligados a hacerse cargo de los hijos de los desaparecidos y no les alcanza seguir pagando este crédito de la casa, y lo que ocurre es que ponen en remates esas casas, dejando a la deriva el patrimonio de sus hijos desaparecidos y sus nietos”, lamentó.
María Luisa recordó que en 2021 se aprobó la Ley de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, pero la realidad, es que la situación de las familias de personas desaparecidas no ha mejorado en la entidad. El colectivo cree que se debe de mejorar la Ley y ejemplificó con lo siguiente:
Crear células de búsqueda municipales en donde servidores públicos de instituciones de Seguridad Pública participen en búsquedas activas; verificar las condiciones de los panteones municipales y sus registros; la creación de un Centro de Identificación Humana.
Asimismo, una normativa que obligue a los propietarios o encargados de hospitales, clínicas, albergues, instituciones de asistencia social, centro de atención de adicciones o de rehabilitación, de atención psiquiátrica, ya sea públicos o privados, informar a la Comisión Estatal de Búsqueda el ingreso y egreso de personas no identificadas y que no tengan certeza de su identidad.
María Eugenia, un logro a medias por la falta de Declaración
María Eugenia Rojas es la madre de Fabiola Narváez, una joven que desapareció en la Unidad Habitacional Villa Frontera en enero del 2021, y, hasta el día de hoy, se desconoce su paradero. Faby tiene una hija que actualmente tiene nueve años, pero como no hay nueva información de su caso, la señora Maru tuvo que hacerse cargo de la menor.
Maru está afiliada al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y cuando su hija desapareció quiso que estos beneficios médicos pasaran a su nieta, desgraciadamente se enteró que esto no era posible, ya que no es la madre de la niña, por lo que solicitó apoyo legal de la Clínica Minerva Calderón y a través de un amparo logró afiliarla.
“Deberían de tomar en cuenta que la mamá no está, la niña no tiene seguro y está conmigo, yo pasé a ser su madre, por eso peleé porque la niña tenga seguro, porque literalmente, en estos momentos, es mi hija. Mientras no aparezca mi Faby, la niña será mi hija y ¿qué quieres para tus hijos?, pues lo mejor”, subrayó.
Aunque se pensaría que es un gran logro, la verdad es que es un triunfo a medias, debido a que el seguro sólo le contempla consulta general y enfermedades como tos, gripa, temperatura o problemas estomacales, pero no abarca especialidades y ortopedia. Esta situación tiene preocupada a la señora Maru, pues si la niña tiene un accidente grave, tiene que buscar un servicio particular y no tiene el dinero suficiente para ello.
“Las leyes no protegen a los niños con familiares desaparecidos, no se les toman en cuenta y nosotros como familiares la sufrimos mucho y luchamos por darles mejores opciones. A veces no contamos con los medios económicos para solventar algunos temas, en mi caso de salud o temas psicológicos y si legislaran en este aspecto nos ayudaría mucho”, criticó.
María Eugenia sigue luchando con la Clínica Minerva Calderón para que el seguro social le brinde a la menor en su totalidad el servicio, pero el camino todavía se vislumbra largo.
Fue el pasado 13 de julio cuando la Clínica recordó que tres legislaturas del Congreso han incumplido por más de cinco años con la obligación de legislar sobre la Declaración e hizo un llamado tanto a los diputados como al IMSS para garantizar los derechos de las personas desaparecidas y sus familias mediante este procedimiento.
